Cuando los resultados empiezan a incomodar, la política suele recurrir a un recurso conocido: cambiar la agenda. Eso es, en buena medida, lo que estamos viendo hoy en la Argentina.

Con alta participación, demoras visibles y un clima que combinó expectativa con tensión, el Colegio de Abogados de Jujuy volvió a demostrar que sus elecciones están lejos de ser un trámite corporativo; son, en rigor, una escena política en miniatura donde se ensayan, se proyectan y se disputan modelos de poder con impacto directo en la calidad institucional de la provincia.

Las amenazas de tiroteo están en los colegios argentinos. La policía revisa mochilas en las puertas de las escuelas. Mochilas revisadas, policías acantonados en las puertas de los establecimientos, preocupación en los grupos de WhatsApp, protocolos de seguridad redactados a las apuradas, carpetas judiciales sobre adolescentes… Junto con las amenazas, vuelve la "seguridad” a ser tema y los políticos compiten a quién actúa mejor como bravucón (hasta ahora, gana Jorge Macri, por lejos).

En una sentencia registrada el 17 de abril de 2026, la Sala Laboral de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy resolvió que, frente al cambio legislativo introducido por la Ley 27.802, ya no correspondía sostener la discusión anterior sobre la inconstitucionalidad del régimen que impedía actualizar y ordenó recalcular el crédito del trabajador con arreglo al nuevo artículo 55.

Hay algo que la derecha contemporánea ha aprendido a hacer con notable pericia: poner a alguien más a la derecha, alguien que diga lo que socialmente no se puede decir (o no se podía decir, hasta que él lo dijo), alguien que se autodenomine como “políticamente incorrecto”, alguien “loco”. 

La batalla judicial por la reforma laboral ya dejó de ser una discusión exclusiva sobre salarios, indemnizaciones, convenios colectivos o poder sindical. El nuevo movimiento del Gobierno nacional ante la Corte Suprema, a través de un recurso de per saltum contra la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802, revela que la verdadera disputa es todavía más profunda: quién tiene la potestad de frenar una ley votada por el Congreso, con qué alcance puede hacerlo y desde qué tribunal debe resolverse una controversia de semejante magnitud.