En Foco

La vara de hierro, Javier y Karina (recordemos que el triángulo se rompió hace un año, como lo anticipamos oportunamente), no va a echar a Adorni. Tiene razón el presidente cuando habla de costo marginal. Algo así como “si te mandaste una macana, fingí demencia y seguí para adelante”, o “hacerse el boludo”, como pontificó el legendario Felipe Solá. El problema no es el “deslome-gate”. El punto es el contexto en el cual se da. Si el Javo no hubiese hablado de la moral como política de Estado, la mujer del jefe de gabinete sería tan importante como el peluquero de Menem o la asistenta de Fabiola. Pero cuando te pones la camisa blanca sin que nadie te lo pida, una mancha se nota y predomina la conversación ciudadana. Problemas estratégicos de la comunicación de gobierno.

¿De qué sirve la escuela si no logra abrir horizontes?La pregunta se vuelve urgente cuando se conocen los datos de un reciente informe internacional: 6 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años (63%) temen no tener suficiente dinero para hacer lo que les gustaría después de terminar la secundaria.

La tragedia no avisa… ¿o no será que nosotros perdimos la capacidad de escuchar?

Este 29 de abril no es un aniversario más. Son 17 años de un diario que nació digital cuando pocos creían en lo digital y que hoy sigue de pie en un contexto donde hacer periodismo en Argentina, y también en Jujuy, volvió a ser incómodo.

Llevamos un mes del “deslomegate” y las cosas no mejoran: las complicaciones de Adornison cada vez mayores, los datos económicos de la calle confirman que la cosa está dura y el gobierno sigue sin poder controlar la agenda. Hace tres semanas, como comentamos en esta columna, el presidente empezó a usar algunas tácticas comunicacionales para amortiguar la temporada de dolores de cabeza. En Córdoba reconoció que la inflación era todavía alta, pero que era mucho menor que cuando él llegó al poder. 

La semana pasada escribí que una conferencia de prensa en contexto de crisis -donde las rutinas están alteradas y la demanda de sentido es más alta que nunca- no sirve para mostrar carácter, sino para bajar incertidumbre. 

En los últimos días, hemos sido testigos de un nuevo acto de desprecio por parte del Gobierno Nacional hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El presidente Javier Milei decidió vetar tres leyes que habían sido votadas por el Congreso Nacional: la ley de aumento a las jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Estas decisiones marcan, una vez más, el divorcio absoluto entre la realidad que vive el pueblo argentino y las prioridades del poder político.

Argentina parece discutir permanentemente entre dos países posibles. Dos velocidades. Dos climas sociales. Dos formas completamente distintas de mirar el futuro.

Ya son tantos los actos de la obra “Las desventuras de Manuel”, que la mayoría ha perdido la cuenta. Y además, esta entrega en capítulos semanales a la vieja usanza, promete ser prolífica: ahora se agregó un viaje a Aruba. Ni siquiera estas dos últimas semanas cortas dieron respiro. Los libretistas son unos genios, ¡cómo pueden tener tanta imaginación!

El Gobierno nacional reglamentó, mediante el Decreto 315/2026, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incorporado en el Título XX de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. La norma, publicada este lunes, establece las condiciones bajo las cuales los empleadores del sector privado podrán acceder a reducciones de contribuciones patronales por nuevas relaciones laborales registradas.

La pelea judicial en torno a la Ley 27.802 de Modernización Laboraldejó de ser, en pocos días, una noticia lineal sobre artículos suspendidos para transformarse en una discusión bastante más delicada. Ya no se trata solo de qué partes de la norma quedaron en pausa, sino de algo más profundo: hasta dónde puede llegar una cautelar contra una ley del Congreso, qué sucede cuando esa decisión pretende proyectarse sobre todo el país y qué ocurre si una medida pensada para proteger trabajadores termina, en ciertos lugares, jugando en su contra.

La reaparición de cortes de ruta en distintos puntos del país no es un hecho aislado ni una reacción espasmódica. Es, en todo caso, la expresión visible de un proceso más profundo: la redefinición del rol del Estado nacional en la asistencia social y el consecuente traslado de tensiones hacia las provincias.

En una sentencia registrada el 17 de abril de 2026, la Sala Laboral de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy resolvió que, frente al cambio legislativo introducido por la Ley 27.802, ya no correspondía sostener la discusión anterior sobre la inconstitucionalidad del régimen que impedía actualizar y ordenó recalcular el crédito del trabajador con arreglo al nuevo artículo 55.

La batalla judicial por la reforma laboral ya dejó de ser una discusión exclusiva sobre salarios, indemnizaciones, convenios colectivos o poder sindical. El nuevo movimiento del Gobierno nacional ante la Corte Suprema, a través de un recurso de per saltum contra la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802, revela que la verdadera disputa es todavía más profunda: quién tiene la potestad de frenar una ley votada por el Congreso, con qué alcance puede hacerlo y desde qué tribunal debe resolverse una controversia de semejante magnitud.

Cuando los resultados empiezan a incomodar, la política suele recurrir a un recurso conocido: cambiar la agenda. Eso es, en buena medida, lo que estamos viendo hoy en la Argentina.

En política, los gestos dicen más que los discursos. Y cuando los intendentes empiezan a pedir “reelección”, lo que se pone en marcha no es solo una estrategia: es una necesidad. En Jujuy, el “operativo clamor” por Carlos Sadir tiene menos de épica y más de lectura fina del momento.

Una maestra jujeña murió haciendo trekking. Una mujer joven. Lo lógico, lo humano, lo que hasta hace no tanto tiempo hubiera sido la única reacción posible, habría sido el silencio compungido. Callar, aunque sea un rato.

Hay algo que la derecha contemporánea ha aprendido a hacer con notable pericia: poner a alguien más a la derecha, alguien que diga lo que socialmente no se puede decir (o no se podía decir, hasta que él lo dijo), alguien que se autodenomine como “políticamente incorrecto”, alguien “loco”. 

Las amenazas de tiroteo están en los colegios argentinos. La policía revisa mochilas en las puertas de las escuelas. Mochilas revisadas, policías acantonados en las puertas de los establecimientos, preocupación en los grupos de WhatsApp, protocolos de seguridad redactados a las apuradas, carpetas judiciales sobre adolescentes… Junto con las amenazas, vuelve la "seguridad” a ser tema y los políticos compiten a quién actúa mejor como bravucón (hasta ahora, gana Jorge Macri, por lejos).

A fines de marzo de 2001 en el aula 302 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es ese edificio de la calle 48 entre 6 y 7, comenzaba la cursada de una materia sobre fascismo y nazismo en Argentina. La dictaba un reconocido historiador, ya venido a menos llamado Ricardo Rodríguez Molas.