La Columna

La vara de hierro, Javier y Karina (recordemos que el triángulo se rompió hace un año, como lo anticipamos oportunamente), no va a echar a Adorni. Tiene razón el presidente cuando habla de costo marginal. Algo así como “si te mandaste una macana, fingí demencia y seguí para adelante”, o “hacerse el boludo”, como pontificó el legendario Felipe Solá. El problema no es el “deslome-gate”. El punto es el contexto en el cual se da. Si el Javo no hubiese hablado de la moral como política de Estado, la mujer del jefe de gabinete sería tan importante como el peluquero de Menem o la asistenta de Fabiola. Pero cuando te pones la camisa blanca sin que nadie te lo pida, una mancha se nota y predomina la conversación ciudadana. Problemas estratégicos de la comunicación de gobierno.

Javier Milei no ganó la elección presidencial solamente por su programa económico. Ganó porque representaba algo mucho más potente para una parte importante de la sociedad: era distinto. Nunca había gobernado. No venía de administrar una provincia ni una intendencia. No había construido su carrera dentro de los partidos tradicionales. No era "la casta".

La tragedia no avisa… ¿o no será que nosotros perdimos la capacidad de escuchar?

Este 29 de abril no es un aniversario más. Son 17 años de un diario que nació digital cuando pocos creían en lo digital y que hoy sigue de pie en un contexto donde hacer periodismo en Argentina, y también en Jujuy, volvió a ser incómodo.

Ese es el título de una notable película argentina de 1949, dirigida por Hugo Fregonese. Se trata de un policial negro sobre un empleado bancario que idea un plan para enriquecerse rápidamente, enfrentando las consecuencias morales y personales. ¿Algún parecido con la realidad? No, no se confundan: el jefe de gabinete era “apenas un periodista”. Pero esa es otra película.

Llevamos un mes del “deslomegate” y las cosas no mejoran: las complicaciones de Adornison cada vez mayores, los datos económicos de la calle confirman que la cosa está dura y el gobierno sigue sin poder controlar la agenda. Hace tres semanas, como comentamos en esta columna, el presidente empezó a usar algunas tácticas comunicacionales para amortiguar la temporada de dolores de cabeza. En Córdoba reconoció que la inflación era todavía alta, pero que era mucho menor que cuando él llegó al poder. 

La semana pasada escribí que una conferencia de prensa en contexto de crisis -donde las rutinas están alteradas y la demanda de sentido es más alta que nunca- no sirve para mostrar carácter, sino para bajar incertidumbre. 

En los últimos días, hemos sido testigos de un nuevo acto de desprecio por parte del Gobierno Nacional hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El presidente Javier Milei decidió vetar tres leyes que habían sido votadas por el Congreso Nacional: la ley de aumento a las jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Estas decisiones marcan, una vez más, el divorcio absoluto entre la realidad que vive el pueblo argentino y las prioridades del poder político.

Argentina parece discutir permanentemente entre dos países posibles. Dos velocidades. Dos climas sociales. Dos formas completamente distintas de mirar el futuro.

¿Es la etapa post Adorni un relanzamiento de la gestión? Seguro es un cambio relevante de funcionarios, pero si representa una nueva etapa está por verse. Una nueva fase implica un giro estratégico y metodológico que nunca es fácil, ni rápido, más allá de las buenas intenciones. Sobre todo, cuando lo que no parece modificarse es la lógica del control de la caja mayor.

Ya son tantos los actos de la obra “Las desventuras de Manuel”, que la mayoría ha perdido la cuenta. Y además, esta entrega en capítulos semanales a la vieja usanza, promete ser prolífica: ahora se agregó un viaje a Aruba. Ni siquiera estas dos últimas semanas cortas dieron respiro. Los libretistas son unos genios, ¡cómo pueden tener tanta imaginación!

El Gobierno nacional reglamentó, mediante el Decreto 315/2026, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incorporado en el Título XX de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. La norma, publicada este lunes, establece las condiciones bajo las cuales los empleadores del sector privado podrán acceder a reducciones de contribuciones patronales por nuevas relaciones laborales registradas.

Como titulamos esta columna la semana pasada, el paciente había entrado a terapia intensiva y solo un milagro lo podía salvar. Como siempre, el hilo se corta por lo más fino. No daba para más. El presidente ya había pagado todos los costos y tocado piso en la opinión pública. 

Julio llegó cargado de fútbol, con la fiebre por la Selección argentina ocupando el centro de la escena en el país y también en la provincia. Pero mientras la atención pública se concentra en la pelota, hay otros juegos que empiezan a filtrarse en voz baja, con la mirada puesta en un horizonte mucho menos inmediato y bastante más decisivo, el de 2027.

La pelea judicial en torno a la Ley 27.802 de Modernización Laboraldejó de ser, en pocos días, una noticia lineal sobre artículos suspendidos para transformarse en una discusión bastante más delicada. Ya no se trata solo de qué partes de la norma quedaron en pausa, sino de algo más profundo: hasta dónde puede llegar una cautelar contra una ley del Congreso, qué sucede cuando esa decisión pretende proyectarse sobre todo el país y qué ocurre si una medida pensada para proteger trabajadores termina, en ciertos lugares, jugando en su contra.

La reaparición de cortes de ruta en distintos puntos del país no es un hecho aislado ni una reacción espasmódica. Es, en todo caso, la expresión visible de un proceso más profundo: la redefinición del rol del Estado nacional en la asistencia social y el consecuente traslado de tensiones hacia las provincias.

Hay decisiones judiciales que trascienden largamente el expediente que las origina. El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy sobre la aplicación retroactiva de la Ley Bases es una de ellas. Lo que en apariencia podría interpretarse como una discusión técnica sobre multas laborales termina convirtiéndose en un pronunciamiento con consecuencias directas para miles de trabajadores, cientos de empresas y el futuro de los litigios laborales en la provincia.

En una sentencia registrada el 17 de abril de 2026, la Sala Laboral de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy resolvió que, frente al cambio legislativo introducido por la Ley 27.802, ya no correspondía sostener la discusión anterior sobre la inconstitucionalidad del régimen que impedía actualizar y ordenó recalcular el crédito del trabajador con arreglo al nuevo artículo 55.

La batalla judicial por la reforma laboral ya dejó de ser una discusión exclusiva sobre salarios, indemnizaciones, convenios colectivos o poder sindical. El nuevo movimiento del Gobierno nacional ante la Corte Suprema, a través de un recurso de per saltum contra la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802, revela que la verdadera disputa es todavía más profunda: quién tiene la potestad de frenar una ley votada por el Congreso, con qué alcance puede hacerlo y desde qué tribunal debe resolverse una controversia de semejante magnitud.

Hace algunas semanas escribíamos sobre las dos Argentinas que conviven. Por un lado, la Argentina que crece, exporta, atrae inversiones y fortalece su posición en el mundo. Por el otro, la Argentina que sigue llegando con dificultad a fin de mes, que ve deteriorarse su poder adquisitivo y que todavía no logra percibir en su vida cotidiana muchas de las mejoras que muestran los indicadores macroeconómicos.