Ley 27.802

El Gobierno nacional reglamentó, mediante el Decreto 315/2026, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incorporado en el Título XX de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. La norma, publicada este lunes, establece las condiciones bajo las cuales los empleadores del sector privado podrán acceder a reducciones de contribuciones patronales por nuevas relaciones laborales registradas.

La pelea judicial en torno a la Ley 27.802 de Modernización Laboraldejó de ser, en pocos días, una noticia lineal sobre artículos suspendidos para transformarse en una discusión bastante más delicada. Ya no se trata solo de qué partes de la norma quedaron en pausa, sino de algo más profundo: hasta dónde puede llegar una cautelar contra una ley del Congreso, qué sucede cuando esa decisión pretende proyectarse sobre todo el país y qué ocurre si una medida pensada para proteger trabajadores termina, en ciertos lugares, jugando en su contra.

La batalla judicial por la reforma laboral ya dejó de ser una discusión exclusiva sobre salarios, indemnizaciones, convenios colectivos o poder sindical. El nuevo movimiento del Gobierno nacional ante la Corte Suprema, a través de un recurso de per saltum contra la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802, revela que la verdadera disputa es todavía más profunda: quién tiene la potestad de frenar una ley votada por el Congreso, con qué alcance puede hacerlo y desde qué tribunal debe resolverse una controversia de semejante magnitud.

El 30 de marzo de 2026 no será una fecha más para el Derecho Argentino. La decisión de la Justicia Nacional del Trabajode suspender, mediante una medida cautelar, los efectos de gran parte de la Ley 27.802, provocó un impacto que trasciende lo jurídico para instalarse en el corazón del debate social y constitucional. 

La Cámara Jujeña de la Construcciónllevó adelante una jornada de capacitación centrada en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, recientemente sancionada en Argentina, con el objetivo de analizar su impacto en las empresas del sector. La actividad se desarrolló en la sede institucional y contó con una amplia participación de representantes de la actividad constructora.

La reforma laboral impulsada por la Ley 27.802, sancionada el 27 de febrero y vigente desde el 6 de marzo de 2026, enfrenta sus primeros obstáculos judiciales: dos resoluciones de la Cámara del Trabajo de Córdoba declararon inconstitucionales artículos centrales vinculados a la actualización de créditos laborales y al pago de indemnizaciones en cuotas.