La pelea judicial en torno a la Ley 27.802 de Modernización Laboraldejó de ser, en pocos días, una noticia lineal sobre artículos suspendidos para transformarse en una discusión bastante más delicada. Ya no se trata solo de qué partes de la norma quedaron en pausa, sino de algo más profundo: hasta dónde puede llegar una cautelar contra una ley del Congreso, qué sucede cuando esa decisión pretende proyectarse sobre todo el país y qué ocurre si una medida pensada para proteger trabajadores termina, en ciertos lugares, jugando en su contra.