El Gobierno nacional analiza ampliar el alcance de las sanciones previstas en la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional e incluir a otras actividades relacionadas con las Islas Malvinas, entre ellas el sector pesquero.
La posibilidad fue analizada durante la última reunión de la mesa política del oficialismo y contempla una modificación de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, que actualmente establece sanciones para actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina que se realicen sin autorización.
El debate tomó mayor relevancia luego de que sectores del peronismo reclamaran que el endurecimiento de las sanciones también alcance a las empresas pesqueras vinculadas con actividades en las islas. El pedido fue planteado durante la sesión de la Cámara de Diputados por el titular de la bancada peronista, Germán Martínez.
Según trascendió, el Poder Ejecutivo prevé enviar el proyecto al Congreso el próximo lunes. Todavía se analiza si la iniciativa será presentada de manera tradicional o si un funcionario del Gobierno concurrirá al Parlamento para explicar los principales puntos del proyecto.
Entre los nombres que aparecen como posibles encargados de defender la propuesta se encuentran los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quienes participaron en la elaboración del texto.
El oficialismo pretende que la iniciativa sea debatida en Diputados entre fines de septiembre y comienzos de octubre, con la expectativa de lograr un tratamiento rápido.
La discusión se desarrolla además en paralelo a la ofensiva del Gobierno contra empresas vinculadas a presuntos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, particularmente alrededor del proyecto Sea Lion.
Durante un reciente anuncio, el presidente Javier Milei sostuvo que la nueva normativa buscará avanzar contra quienes colaboren con empresas que, según la postura oficial, exploten recursos argentinos sin autorización.
“Quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, afirmó el mandatario.
En paralelo, Milei anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será contemplado en el Presupuesto 2027. El Presidente aseguró que la inversión no afectará el equilibrio fiscal y que también se prevén recursos para obras vinculadas con telecomunicaciones.
Además, informó que desde el anuncio realizado por cadena nacional se iniciaron procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que, según el Gobierno, operan directa o indirectamente en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina.
