Jujuy tiene que mirar de frente a sus olvidados. A esos hombres y mujeres que duermen en una vereda o buscan refugio debajo de un puente. Personas que sobreviven entre cartones y pasan las noches en terrenos baldíos. Muchas veces dejan de existir para buena parte de la sociedad. Recién vuelven a las noticias cuando ocurre una tragedia.

Este viernes 13 de noviembre encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en un terreno baldío de Alto Comedero, sobre avenida Tusaquilla, en el sector B5. Tenía aproximadamente 50 años y, según los testimonios de vecinos, vivía en situación de calle. Era conocido como "el Mudo Raúl".

El cuerpo estaba cubierto con restos de cartones y en avanzado estado de descomposición. Intervino la División Homicidios. El Ministerio Público de la Acusación dispuso las actuaciones correspondientes. La autopsia deberá establecer las causas del fallecimiento. Todavía no se puede afirmar que haya sido víctima de un homicidio.

Más allá de lo que determine la investigación forense, su muerte deja al descubierto una realidad que no puede pasar inadvertida. Un hombre vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad. Su situación merecía una respuesta que fuera más allá de las actuaciones posteriores a su fallecimiento. La prevención también consiste en saber dónde están estas personas y cómo protegerlas.

La muerte de alguien que vivía en la calle no puede convertirse en un expediente más, una estadística policial o una noticia que desaparece al día siguiente.

La violencia que también se ensaña con los más vulnerables

El caso "Mudo Raúl" no es un episodio aislado. El 24 de octubre, un hombre de 29 años que dormía en la vía pública, en inmediaciones de las avenidas Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen, fue rociado con un líquido inflamable y prendido fuego.

El ataque le provocó quemaduras en el pecho y un brazo. También sufrió lesiones en las vías respiratorias. Una mujer fue detenida e imputada por homicidio en grado de tentativa. La Justicia dispuso 20 días de prisión preventiva y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

El hombre continuaba bajo atención médica según la última información pública sobre el caso. Su evolución merece una actualización oficial. También es necesario conocer la magnitud definitiva de las lesiones.

Hay algo particularmente brutal en esta historia. La víctima estaba durmiendo. No tenía una vivienda donde cerrar una puerta ni un espacio privado para resguardarse. Tampoco contaba con las condiciones mínimas para defenderse de una agresión de semejante magnitud.

En septiembre, otro hombre de 50 años, identificado como Daniel Díaz, fue encontrado sin vida en Alto Comedero. Vivía en situación de calle y permanecía a la intemperie, cubierto con cartones. La información policial difundida entonces indicó que habría fallecido por un paro cardiorrespiratorio asociado presuntamente a hipotermia.

Son historias diferentes. Sus circunstancias deben investigarse por separado. Sin embargo, exponen una misma realidad. Vivir en la calle significa estar mucho más expuesto a la enfermedad, al frío y a la violencia. También implica un riesgo mayor de morir sin que nadie advierta a tiempo lo que está ocurriendo.

El caso Jurado y las vidas que nadie pudo proteger

La memoria reciente de Jujuy tiene otra referencia estremecedora. Matías Jurado está imputado por cinco homicidios agravados de hombres que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad. La acusación sostiene que los captaba en la vía pública y los trasladaba a su vivienda de Alto Comedero.

La investigación penal preparatoria fue concluida y la Fiscalía promovió la acusación. El proceso avanzó hacia la instancia de juicio. Mientras tanto, el imputado permanece detenido en el penal de Gorriti.

Cinco hombres. Cinco historias atravesadas por la marginalidad. Cinco familias que tuvieron que atravesar la incertidumbre de las desapariciones y el dolor de conocer la acusación judicial.

El caso no puede quedar reducido a la figura de un presunto asesino serial. También debería obligarnos a revisar qué sucedía con esas personas antes de desaparecer. Es necesario pensar qué redes de contención tenían y por qué sus ausencias podían pasar inadvertidas durante tanto tiempo.

Hay una dimensión social que no puede quedar encerrada en un expediente penal. Las víctimas eran personas que vivían en los márgenes. Su situación de vulnerabilidad las exponía a riesgos que no siempre encuentran una respuesta institucional.

Las cifras que no alcanzan para mostrar la realidad

La dimensión del problema en Jujuy todavía no puede conocerse con precisión. No existe una cifra provincial única, consolidada y actualizada que permita establecer cuántas personas viven en situación de calle, dónde están y cuáles son sus necesidades.

El primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, presentado por el Gobierno nacional el 17 de abril de 2026, contabilizó 9.421 personas en 19 provincias. El 83% eran varones y el 17% mujeres. El relevamiento incluyó tanto a quienes permanecían en espacios públicos como a quienes estaban alojados en refugios y paradores.

Ese total corresponde a las jurisdicciones que participaron. No debe confundirse con una cifra exclusiva de Jujuy.

En nuestra provincia, las organizaciones sociales aportan otros indicadores. En mayo de 2026, Marina Ibáñez, responsable de Proyecto Puente, informó que asistían a unas 140 personas durante los períodos de frío. En la misma época del año anterior habían sido aproximadamente 40.

La referente también advirtió sobre un cambio en el perfil de quienes se acercaban a pedir ayuda. Ya no eran solamente hombres adultos. Comenzaban a aparecer mujeres, parejas y familias con niños que no podían sostener el alquiler ni cubrir sus necesidades básicas.

El dato es importante porque derriba una mirada simplista. No todas las personas llegan a la calle por problemas de consumo o conflictos familiares. También hay trabajadores que pierden sus ingresos. Hay familias que no pueden pagar una habitación. Otras personas quedan afuera del sistema por una acumulación de dificultades económicas y sociales.

La pobreza habitacional tiene muchas caras. No siempre comienza en una vereda.

Hay asistencia, pero todavía falta protección

El Gobierno provincial cuenta con un programa de intervención para personas en situación de calle. Está articulado entre Desarrollo Humano, Salud y Seguridad mediante un protocolo de actuación del Comité Operativo de Emergencias.

En mayo de 2026, el Ministerio de Desarrollo Humano informó que garantizaba 90 raciones diarias de comida para el dispositivo de Proyecto Puente. También aportaba insumos y asistencia para el funcionamiento del refugio. Aproximadamente 30 personas comían dentro del establecimiento. El resto recibía asistencia en la vía pública.

El refugio de la vieja estación tenía una capacidad informada de 30 camas. En junio, durante una jornada de bajas temperaturas, las autoridades reconocieron que funcionaba prácticamente al límite. Había entre 28 y 30 personas alojadas por noche.

Pero hay un dato todavía más preocupante. El director provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, reconoció que el protocolo nocturno estaba organizado principalmente para varones. En el caso de las mujeres, era necesaria la articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano para encontrar otro espacio de alojamiento.

Esta situación expone una limitación concreta del dispositivo. Las mujeres que viven en la calle necesitan una respuesta específica y segura. La situación es todavía más delicada cuando llegan con sus hijos. No pueden quedar sujetas a una derivación eventual. El frío y la violencia no esperan.

No alcanza con entregar comida, abrigo o garantizar una cama por una noche. La asistencia inmediata es indispensable, pero el objetivo tiene que ser mucho más comprometido. Se trata de recuperar derechos y garantizar atención sanitaria. También hace falta abordar los consumos problemáticos cuando existan, acompañar la salud mental y generar alternativas habitacionales y laborales.

El Estado necesita saber quiénes son estas personas y dónde están. También debe conocer qué necesitan. El acompañamiento tiene que sostenerse más allá de una emergencia climática o una noticia policial.

La Justicia también debe rendir cuentas

Hay otra dimensión que no podemos dejar de lado. La Justicia debe investigar cada agresión y esclarecer las muertes. Tiene que identificar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familias reciban respuestas.

En los casos recientes hubo detenciones, imputaciones y medidas judiciales. Por eso, no sería correcto afirmar que no hubo intervención de la Justicia. Sin embargo, tampoco alcanza con anunciar una prisión preventiva o comunicar que una investigación continúa.

La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió con el hombre que fue prendido fuego. También necesita información sobre su evolución médica. En Alto Comedero, la investigación por el cuerpo hallado debe avanzar hasta determinar las causas de la muerte. La causa por los cinco homicidios atribuidos a Jurado también debe continuar su curso.

La transparencia judicial es una forma de reparación. Las familias necesitan respuestas. Las víctimas merecen que sus historias no queden reducidas a un número.

Pero la responsabilidad no termina en los tribunales. La prevención de la violencia exige presencia territorial y dispositivos de protección. También requiere intervención social y coordinación entre organismos. No podemos esperar a que alguien aparezca gravemente herido o muerto para preguntarnos dónde estaba el Estado.

Los olvidados también tienen derecho a vivir

Hay una responsabilidad que nos corresponde como sociedad. No podemos naturalizar que una persona duerma en una vereda y mirar hacia otro lado. Mucho menos aceptar que sea golpeada, incendiada o sometida a cualquier forma de violencia por encontrarse en una condición de vulnerabilidad.

La situación de calle no es solamente un problema de pobreza. Es, ante todo, una cuestión de derechos humanos. También compromete la seguridad, la salud y el acceso a una vivienda digna. Es, además, una responsabilidad política.

Jujuy necesita un registro público y actualizado de esta población. Debe conocer cuántas personas hay en cada localidad y cuáles son sus condiciones de vida. También necesita información sobre la cantidad de mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores y familias que atraviesan esta situación.

Los municipios, las organizaciones sociales y las instituciones religiosas pueden cumplir un papel importante. Pero la coordinación debe tener una conducción pública y objetivos concretos. Quienes viven en la calle no pueden seguir siendo considerados un problema ajeno.

En su reciente visita a la Argentina, el papa León XIV puso en el centro de sus mensajes la dignidad humana. Habló de los desposeídos, de quienes sufren y de las personas que viven en condiciones indignas. Su llamado a mirar a los más vulnerables no puede quedar solamente en una reflexión religiosa. También interpela a quienes tienen responsabilidades públicas y deben traducir esas palabras en acciones concretas.

Si el Gobierno nacional no brinda respuestas suficientes frente a esta realidad, el Gobierno provincial no puede desentenderse. La protección de la vida y la dignidad de las personas no puede quedar condicionada por las diferencias políticas ni por la distribución de responsabilidades entre jurisdicciones. Hay derechos humanos que deben garantizarse aquí y ahora, desde el territorio y mediante políticas sostenidas.

Me lamento de tener que contar estas historias. Pero el periodismo también tiene la obligación de poner luz donde muchas veces hay indiferencia, incomodidad o silencio.

No alcanza con indignarse cuando aparece un cuerpo en un descampado. Tampoco alcanza con detener a alguien después de una agresión brutal. Recordar a las víctimas cuando sus nombres aparecen en un expediente es necesario, pero no suficiente.

Los olvidados también tienen derechos. Tienen derecho a vivir y a dormir sin miedo. Merecen protección y un lugar donde refugiarse. Sus vidas importan.

Si solamente los vemos cuando están muertos o gravemente heridos, entonces el problema no es únicamente la violencia de quienes los atacan. También es nuestra incapacidad colectiva de verlos antes.

Jujuy no puede seguir postergando esta realidad. Detrás de cada persona que duerme en la calle hay una vida. Ninguna debería convertirse en una de esas historias que todos lamentamos, pero que nadie consigue evitar.

*- Por Fabricio Rasjido
Periodista político. Director periodístico en La Voz de Jujuy