El Senado de la Nación avanzó este jueves 15 de octubre con el tratamiento de la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que introduce cambios en los criterios de internación, la atención de las adicciones y el seguimiento de los pacientes.
El proyecto fue modificado durante las negociaciones entre La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y otros bloques aliados, luego de las objeciones planteadas por legisladores y representantes de las provincias. El objetivo del oficialismo es llevar la propuesta al recinto de la Cámara alta la próxima semana.
La iniciativa modifica aspectos centrales de la Ley 26.657, vigente desde 2010. Entre sus principales novedades, contempla la posibilidad de disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave, amplía el abordaje de las adicciones e incorpora nuevas pautas para la atención de niños y adolescentes.
Internaciones involuntarias: cuáles serían los cambios
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación de los criterios para internar a una persona sin su consentimiento.
El proyecto propone reemplazar el criterio de riesgo cierto e inminente por el de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros. De esta manera, busca habilitar intervenciones preventivas en determinadas situaciones, según la evaluación de los profesionales de salud.
En casos de emergencia, un médico podrá disponer inicialmente la internación sin necesidad de que sea psiquiatra. La decisión deberá ser revisada y validada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. También se contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas cuando no haya disponibilidad presencial.
Además, se prevé la comunicación de las internaciones a la Justicia, que podrá intervenir y solicitar evaluaciones o informes sobre la medida.
Adicciones: se incorpora la ludopatía
Otro de los cambios es la ampliación del abordaje de las adicciones dentro de las políticas de salud mental. La propuesta contempla tanto las relacionadas con el consumo de sustancias como aquellas que no involucran drogas, entre ellas la ludopatía.
El texto también establece disposiciones específicas para niños y adolescentes, que deberán recibir atención de equipos con formación infantojuvenil. Asimismo, plantea que las internaciones se realicen en espacios diferenciados de los destinados a adultos, con excepciones limitadas cuando no exista otra alternativa disponible.
En cuanto al seguimiento de los pacientes, se incorpora la exigencia de elaborar un plan de egreso desde el diagnóstico, con el objetivo de organizar las condiciones necesarias para la continuidad de la atención fuera de la institución.
Se mantiene la prohibición de los manicomios
A diferencia del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, el texto modificado mantiene la prohibición de crear manicomios e instituciones monovalentes de internación psiquiátrica, una disposición establecida por la legislación vigente.
Además, incorpora mecanismos de cooperación técnica, económica y financiera entre la Nación y las provincias para implementar las políticas de salud mental. Este punto fue parte de las modificaciones negociadas durante el debate legislativo.
Un debate con posiciones divididas
La presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, defendió el avance de la iniciativa y destacó que el proyecto fue debatido con más de 70 expositores, entre especialistas, familiares, organizaciones y representantes de distintas jurisdicciones.
Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que los cambios apuntan a fortalecer la prevención y permitir intervenciones oportunas ante situaciones graves en las que una persona no esté en condiciones de tomar decisiones sobre su atención.
En contraste, el senador justicialista Jorge Capitanich pidió postergar el tratamiento para analizar con mayor profundidad los cambios, la capacidad de financiamiento y la disponibilidad de recursos humanos en las provincias.
El senador Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, respaldó el despacho y consideró necesarias las modificaciones propuestas.
Con el avance parlamentario, el proyecto se encamina a una nueva instancia de discusión en el Senado. Sin embargo, la reforma todavía debe completar el trámite legislativo y no constituye una ley vigente. Si obtiene la aprobación de la Cámara alta, seguirá el procedimiento correspondiente para convertirse en ley.
