La defensa de la educación pública volvió a ganar las calles este jueves 15 de octubre. En San Salvador de Jujuy, docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y representantes de distintas organizaciones sindicales participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria, en una jornada nacional que exigió al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización jujeña se sumó a las protestas realizadas en diferentes ciudades del país, con reclamos por la recomposición salarial, el presupuesto para las universidades nacionales y la continuidad de las actividades académicas y científicas.
La convocatoria tuvo como eje la implementación efectiva de la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, que establece mecanismos de actualización del financiamiento universitario y de los salarios docentes. La normativa fue vetada por el Presidente, pero el Congreso rechazó el veto y ratificó su vigencia.
El reclamo por el financiamiento universitario
Las organizaciones convocantes advirtieron sobre el deterioro presupuestario que atraviesan las universidades públicas y reclamaron recursos suficientes para sostener su funcionamiento, garantizar salarios y fortalecer las becas estudiantiles.
Según un informe publicado por Chequeado este jueves, el gasto destinado a las universidades en 2026 se ubica un 25,3% por debajo del nivel de 2023, en términos reales, mientras que los salarios docentes registran una caída del 24,2% respecto de ese año.
El reclamo también apunta a garantizar la continuidad de la investigación científica, la formación de profesionales y el acceso a la educación superior en condiciones adecuadas.
En Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y distintas organizaciones gremiales acompañaron la convocatoria. Entre los sectores que adhirieron se encuentran ADIUNJu, UTDUJ, APUAP y CEDEMS, en una jornada que reunió a representantes de la comunidad educativa y sindical.
La disputa judicial por la aplicación de la ley
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades también se trasladó a los tribunales. Ante la decisión del Ejecutivo de condicionar la aplicación de la norma a la definición de sus fuentes de financiamiento, la Justicia declaró inconstitucional ese mecanismo y dispuso medidas cautelares vinculadas con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
Sin embargo, durante la misma jornada de movilización, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente las multas diarias que se habían dispuesto contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar.
La decisión judicial no resolvió el fondo de la controversia, sino que dejó en suspenso las sanciones mientras se tramita la apelación presentada por el Estado nacional.
Una nueva jornada de reclamo federal
Con la participación de organizaciones educativas, sindicales y políticas, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en el centro de la agenda la situación presupuestaria de las universidades nacionales.
En Jujuy, la movilización se sumó al reclamo nacional por el financiamiento y la defensa de la educación pública, en un contexto en el que la comunidad universitaria exige respuestas concretas para garantizar el funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de la legislación vigente.
