El Senado respaldó con un amplio consenso el dictamen del proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios para las personas con discapacidad, una vez que venza la actual ley de emergencia, prevista para el 31 de diciembre.
La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales. El objetivo es transformar en permanentes los principales beneficios contemplados en la Ley 27.793, que estableció el régimen de emergencia en discapacidad.
El proyecto será analizado este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, que presiden Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente. El oficialismo prevé llevarlo al recinto para su sanción definitiva en la sesión del 19 de noviembre.
Durante el debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y sostuvo que superar la emergencia requiere encontrar una salida legislativa. También remarcó la importancia de mantener la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el trabajo registrado, al considerar que el empleo es una herramienta fundamental para la integración y la autonomía.
En ese sentido, señaló que el proyecto contempla beneficios para los empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado, además de mantener el régimen de empleo protegido y la cobertura de salud.
Desde el bloque Justicialista, Juliana Di Tullio anticipó el acompañamiento al dictamen para garantizar certezas sobre la continuidad de la emergencia y sus prestaciones. “Vale la pena seguir peleando porque a las personas con discapacidad y a sus familias no se las lleva puestas nadie”, expresó.
Sin embargo, la senadora cordobesa Alejandra Vigo cuestionó que la iniciativa no haya sido consultada con los organismos y organizaciones vinculados a la temática. En particular, señaló la falta de participación del Estado nacional y de las entidades que integran el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS).
Qué beneficios contempla el proyecto
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, establece la continuidad del nomenclador único de prestaciones y la actualización periódica de sus aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria. También garantiza la cobertura básica de salud del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.
En materia presupuestaria, dispone que los fondos destinados al área de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a los asignados durante el ejercicio fiscal anterior.
La propuesta también incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Por último, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
De esta manera, el proyecto busca establecer un marco legal permanente que garantice la continuidad de las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad más allá del vencimiento de la actual ley de emergencia.
