La presentación fue realizada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, quien planteó la posibilidad de que la firma haya recibido un tratamiento privilegiado y solicitó determinar si existieron conductas que podrían constituir abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El vínculo con Cerimedo
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la participación de Surlibre Inversiones S.A. en Sanabria S.R.L., dos sociedades que, según la presentación, forman parte del entramado empresarial vinculado a Cerimedo.
De acuerdo con documentación citada en el escrito y publicada en el Boletín Oficial de Santa Fe, Surlibre adquirió 150 de las 500 cuotas sociales de Sanabria, equivalentes al 30% del capital.
La operación se habría concretado en 2024, mientras que Sanabria, radicada en Puerto General San Martín, pasó de desarrollar actividades relacionadas con una guardería náutica a prestar servicios navales en la Hidrovía, incluida la provisión de combustible diésel para remolcadores de barcazas.
La denuncia pone especial atención en la rapidez con la que la empresa habría conseguido las autorizaciones nacionales necesarias para desarrollar esas actividades.
Qué busca determinar la Justicia
El planteo apunta a establecer qué organismos y funcionarios intervinieron en los expedientes, cuáles fueron los requisitos exigidos y si todos los procedimientos se cumplieron de acuerdo con las normas vigentes.
También se solicita determinar si algunos requisitos pudieron haber sido omitidos, flexibilizados o tramitados de manera excepcional.
En ese punto aparece el rol de Iñaki Arreseygor, quien asumió en mayo de 2024 al frente del área de Puertos y Vías Navegables. La denuncia busca establecer si existió alguna intervención particular de funcionarios después del ingreso de Surlibre a Sanabria.
El escrito también menciona a Luis Caputo, debido a que el área portuaria se encontraba vinculada al Ministerio de Economía durante el período analizado.
Expedientes, sociedades y fondos
Entre las medidas solicitadas, el denunciante pidió que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación entregue los expedientes completos relacionados con las autorizaciones otorgadas a Sanabria.
También requirió información a la Prefectura Naval Argentina, ARCA, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, SIGEN, la Inspección General de Justicia y la Municipalidad de Puerto General San Martín, entre otros organismos.
Además, se pidió documentación societaria de Sanabria y Surlibre, información sobre la adquisición del 30% de la empresa y datos vinculados con el origen de los fondos utilizados para concretar la operación.
La presentación solicita finalmente que sean citados los denunciados y todas aquellas personas que pudieran quedar involucradas a medida que avance la investigación.
Por ahora, se trata de una denuncia y de una hipótesis que deberá ser investigada judicialmente. El expediente deberá determinar si las autorizaciones a Sanabria siguieron el procedimiento correspondiente o si existieron beneficios excepcionales en el acceso a la operatoria de la Hidrovía.
