La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a dos conjueces para avanzar en la resolución del conflicto judicial por la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta mediante el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 impulsado por el Gobierno nacional.
Los magistrados elegidos son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos deberán intervenir para destrabar la controversia, luego de que los tres integrantes de la Corte no lograran alcanzar una decisión unánime sobre la validez de la norma.
Además, el máximo tribunal resolvió reducir a 24 horas el plazo para que la integración con los conjueces quede consentida, al considerar las circunstancias particulares de la causa.
El reclamo contra la derogación de la Ley de Tierras
El expediente se originó a partir de una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23 y solicitó que fuera declarado nulo.
La organización sostuvo que la derogación de la Ley de Tierras afecta la protección del medioambiente, el territorio y los recursos naturales, además de comprometer los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La presentación fue realizada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Posteriormente, el expediente fue derivado a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco se resolvió el fondo de la cuestión.
Ahora, con la intervención de los conjueces, se espera que la Corte Suprema pueda avanzar hacia una definición sobre la validez de la disposición incluida en el decreto presidencial.
Un antecedente reciente en la Justicia
La discusión se produce luego de que la Corte Suprema rechazara un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En esa oportunidad, el tribunal consideró que la entidad no contaba con legitimación para promover la acción y que no existía una controversia judicial que debiera resolver.
De esta manera, el máximo tribunal deberá avanzar en el tratamiento del planteo impulsado por Árbol de Pie, en una causa que mantiene abierta la discusión sobre los alcances de la derogación de la Ley de Tierras y su compatibilidad con el marco constitucional argentino.
