Los episodios de violencia se produjeron durante la tarde, cuando grupos de manifestantes protagonizaron disturbios en los alrededores del Parlamento y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Los gases llegaron hasta el escenario del acto central y obligaron a interrumpir la lectura del documento conjunto antes de que concluyera.
La jornada dejó imágenes de enfrentamientos y escenas de tensión en una movilización convocada en defensa de la universidad pública. También generó una inmediata reacción de las organizaciones que impulsaron la protesta, que repudiaron la actuación policial y cuestionaron la decisión del Gobierno de desplegar el operativo de seguridad.
Las universidades repudiaron la represión
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundieron un pronunciamiento conjunto en el que condenaron enérgicamente la represión y la violencia que marcaron el cierre de la movilización.
Las organizaciones señalaron que las cuatro marchas anteriores se habían desarrollado sin episodios de esta naturaleza y remarcaron que las manifestaciones realizadas en distintos puntos del país transcurrieron de manera pacífica.
En el documento, sostuvieron que la movilización reunió a decenas de miles de personas para reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso y respaldada, según indicaron, por distintas instancias judiciales.
“La respuesta y el despliegue represivo confirman que el incumplimiento de la ley de financiamiento no es un problema de disponibilidad de recursos sino de voluntad y decisión”, afirmaron las entidades universitarias.
Además, consideraron que la protesta se desarrollaba dentro del marco democrático y del respeto a las instituciones, y responsabilizaron al Gobierno nacional por la decisión de reprimir.
El pronunciamiento concluyó con una consigna que sintetizó el sentido de la convocatoria: “¡Viva la universidad pública!”.
Salarios, becas y presupuesto, los ejes del reclamo
Más allá de los incidentes, la movilización tuvo como principal objetivo reclamar una respuesta oficial ante la situación financiera de las universidades nacionales.
La comunidad universitaria advirtió sobre el deterioro de los salarios docentes y no docentes, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y la falta de actualización de las becas estudiantiles. También alertó sobre las dificultades para sostener las actividades académicas, científicas y de investigación.
Otro de los puntos centrales fue el Presupuesto 2027. De acuerdo con las cifras difundidas por el sector universitario, el proyecto del Poder Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estima que se necesitan unos $11 billones para garantizar su funcionamiento.
La diferencia alimenta la preocupación de rectores y trabajadores, que advierten sobre el impacto que podría tener la falta de recursos en el desarrollo de las actividades universitarias durante el próximo año.
La protesta también se produjo en medio de la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de los cuestionamientos al intento oficial de condicionar la ejecución de los fondos mediante el Decreto 759/2025.
Un nuevo capítulo en el conflicto con Milei
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en evidencia la distancia entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria. Mientras las organizaciones reclaman la aplicación de la ley, la recomposición salarial y un presupuesto suficiente, la Casa Rosada mantiene su posición en torno al manejo de los recursos públicos.
Los incidentes registrados en Buenos Aires trasladaron el conflicto más allá de la discusión presupuestaria y abrieron un nuevo frente de cuestionamientos por el operativo de seguridad. La interrupción del acto central y el comunicado de las entidades universitarias marcaron el cierre de una jornada que había convocado a miles de personas en defensa de la educación pública.
La movilización tuvo réplicas en diferentes ciudades del país, con concentraciones y manifestaciones que, según las organizaciones convocantes, se desarrollaron pacíficamente fuera de los episodios registrados en las inmediaciones del Congreso.
El reclamo universitario continúa abierto y tiene dos dimensiones centrales: el cumplimiento de la legislación vigente y la garantía de los recursos necesarios para sostener la educación superior pública. Tras una nueva marcha multitudinaria, la discusión vuelve a quedar planteada ante el Gobierno y el Congreso.
