Con 37 votos afirmativos y 33 negativos, la Cámara alta aprobó una versión reducida del proyecto, que ahora deberá ser debatida por la Cámara de Diputados. La iniciativa modifica aspectos del Código Civil y Comercial relacionados con desalojos, expropiaciones y modernización del registro de la propiedad.

Un triunfo con concesiones

La sesión retomó el debate iniciado el pasado 16 de julio, cuando el oficialismo había pasado a un cuarto intermedio por falta de consensos incluso entre sus propios aliados.

El principal escollo fue la intención del Gobierno de eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una modificación que despertó fuertes resistencias tanto en la oposición como entre gobernadores que habitualmente acompañan las iniciativas libertarias.

Ante la falta de votos, la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, optó por retirar ese capítulo y también el referido a la Ley de Manejo del Fuego, otra de las reformas que había generado cuestionamientos políticos, sociales y ambientales.

La decisión permitió evitar una derrota parlamentaria, aunque dejó al proyecto con un alcance considerablemente menor al concebido originalmente por el Ejecutivo.

Qué quedó afuera

La eliminación del capítulo sobre tierras rurales representa uno de los mayores retrocesos para el Gobierno en materia de desregulación.

La propuesta buscaba modificar el régimen vigente que limita al 15% la titularidad de tierras rurales en manos de ciudadanos o empresas extranjeras.

También quedó fuera la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, que había sido cuestionada por organizaciones ambientales, referentes culturales e incluso gobernadores aliados, quienes retiraron su respaldo en los días previos a la sesión.

Entre ellos figuraron los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuyos legisladores fueron determinantes para forzar los cambios.

Además, el oficialismo dejó en el camino la modificación de la Ley 27.453 sobre integración socio-urbana de barrios populares.

Los cambios que sí fueron aprobados

La versión aprobada conserva tres ejes principales.

El primero introduce modificaciones al régimen de desalojos, ampliando la posibilidad de solicitar la restitución inmediata de un inmueble a cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo afectado. El juez podrá ordenar la entrega si considera verosímil el planteo, aunque se establece un plazo de hasta diez días para ofrecer soluciones habitacionales cuando existan menores, adultos mayores o personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

El segundo modifica el régimen de expropiaciones, estableciendo que la utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e incorporando el reconocimiento del lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación. También limita la ocupación temporaria extraordinaria a un máximo de 90 días.

Finalmente, el proyecto crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo que administrará una Ventanilla Única Federal destinada a centralizar trámites, certificados e informes registrales en todo el país.

Lo que viene

Aunque el Gobierno consiguió mantener intacta su racha de victorias parlamentarias en el Senado, el resultado dejó en evidencia que el oficialismo sigue dependiendo de acuerdos con bloques aliados para avanzar con su agenda.

Ahora será la Cámara de Diputados la que tendrá la última palabra sobre un proyecto que llegó con aspiraciones de profunda desregulación, pero que terminó obteniendo media sanción luego de resignar algunos de sus puntos más sensibles.