La investigación fue impulsada por el ingeniero Hugo Farfán, quien inicialmente presentó la denuncia ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego de transcurridos más de 120 días sin una resolución que considerara satisfactoria, llevó el planteo a la Justicia Federal jujeña, al entender que los hechos denunciados podrían configurar delitos tributarios.
Este cuestionamiento vincula a EJESA con las protestas registradas en Tucumán contra EDET, otra distribuidora controlada por el grupo empresario Neuss.
Los tres mecanismos que cuestiona la denuncia
Según la presentación judicial, existiría un supuesto mecanismo de facturación de tres etapas destinado a ocultar componentes impositivos vinculados con la generación eléctrica aislada.
El primer cuestionamiento apunta a los usuarios residenciales. Farfán sostiene que EJESA habría incorporado importes correspondientes al Sistema Aislado Provincial bajo el concepto de Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), sin aplicar el IVA del 21% sobre esos cargos.
De acuerdo con sus estimaciones, esta modalidad habría ocasionado un perjuicio fiscal superior a los $3.500 millones entre mayo de 2024 y mayo de 2026.
El segundo punto involucra a comercios e industrias. La denuncia sostiene que la distribuidora habría incorporado el IVA del 21% o 27% dentro de las tarifas unitarias, sin discriminarlo ni ingresarlo posteriormente al Estado nacional. El monto estimado por este concepto supera los $2.800 millones.
El tercer mecanismo cuestionado está relacionado con los impuestos a los combustibles. Según Farfán, se habrían cobrado importes correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono sobre volúmenes de gasoil que, presuntamente, no habrían sido adquiridos ni utilizados para generar electricidad. El perjuicio estimado supera los $220 millones.
En declaraciones a la prensa, el denunciante sostuvo: "EJESA no aparece como generadora, sin embargo factura como tal".
Reclaman respuestas y un resarcimiento para 120 mil jujeños
La controversia también sumó la intervención del Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (CODECUC), encabezado por el abogado Alejandro Mur, que solicitó incorporarse como querellante en la causa.
La organización también impulsó una medida cautelar para frenar los cortes de energía a usuarios vulnerables, aunque el planteo fue rechazado por la Cámara en lo Civil y Comercial.
A su vez, integrantes de Mujeres Municipales presentaron en la Legislatura jujeña un petitorio respaldado por más de 11 mil firmas, en el que reclamaron medidas urgentes frente al impacto de las facturas eléctricas y solicitaron que se analice la revocación del contrato de concesión de EJESA.
Mur advirtió, además, que si se comprobaran irregularidades y omisiones deliberadas en los controles, la investigación podría alcanzar a funcionarios y organismos estatales.
El silencio de EJESA y los cuestionamientos al sistema eléctrico
Otro aspecto señalado por Farfán es que, según su versión, dos direcciones de ARCA emitieron dictámenes contrapuestos sobre la denuncia. El ingeniero también cuestionó la falta de avances judiciales y aseguró que el expediente se encuentra paralizado.
Los cuestionamientos se producen en un contexto de creciente malestar por el costo de la electricidad, las sanciones aplicadas a la distribuidora por la SUSEPU y los reclamos de usuarios en distintos puntos de la provincia.
Por ahora, las acusaciones deberán ser examinadas por la Justicia. El avance de la causa será fundamental para establecer si existió evasión tributaria, quiénes podrían resultar responsables y si corresponde algún tipo de reparación para los consumidores jujeños.
