El oficialismo de la Cámara de Diputados postergó el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. La decisión se tomó luego de que el Gobierno no lograra cerrar acuerdos con los bloques aliados y dialoguistas para avanzar con la firma del dictamen.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue reprogramado para la próxima semana, por lo que el proyecto quedó fuera de la sesión prevista para este miércoles.
Las diferencias entre los legisladores no se limitan a las disposiciones vinculadas con la soberanía argentina sobre las islas. También existen cuestionamientos a distintos artículos que amplían las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad nacional, inteligencia y defensa.
Cuestionamientos por las facultades del Ejecutivo
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 111, que contempla sanciones por acciones vinculadas con campañas coordinadas de desinformación masiva, la alteración de procesos electorales y la colaboración con actos de sabotaje.
A las objeciones sobre el alcance de estas disposiciones se suman las atribuciones previstas para el Consejo de Seguridad Nacional, organismo que estaría encabezado por el presidente y tendría a su cargo la coordinación estratégica de distintas áreas del Estado.
También generan debate los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, los criterios para definir amenazas externas y la posibilidad de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior.
La abstención argentina en la ONU suma tensión
El debate legislativo también se desarrolla en un contexto internacional marcado por la controversia en torno al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, un ámbito en el que Argentina sostiene históricamente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La posición adoptada por el Gobierno argentino, que se abstuvo ante una propuesta de Estados Unidos para eliminar ese organismo, generó críticas desde sectores de la oposición por considerar que contradice la postura diplomática tradicional del país sobre la cuestión Malvinas.
En ese sentido, el diputado nacional de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana cuestionó la decisión y sostuvo que la abstención argentina contribuyó a la posición estadounidense.
“Es evidente que la abstención argentina en una votación tan importante para nuestro país ha contribuido decididamente a la posición colonialista defendida por Estados Unidos de disolver el único órgano multilateral que ha reconocido la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas”, expresó.
Además, reclamó que el Gobierno argentino repudie la iniciativa y retome la tradición diplomática de firmeza en el reclamo de soberanía.
Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
La iniciativa contempla reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las restricciones a la explotación no autorizada de recursos naturales en las áreas vinculadas con la disputa de soberanía. Las sanciones podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, además de inhabilitaciones para operar en el país.
Entre sus principales disposiciones se encuentran:
- Ampliación de las prohibiciones: abarcarían el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables, más allá de los hidrocarburos.
- Registro público de infractores: el Estado y los particulares tendrían prohibido contratar con las personas y entidades incluidas en ese registro.
- Juicio en ausencia: se incorporaría esta modalidad para los delitos contemplados en la nueva normativa.
- Consejo de Seguridad Nacional: estaría integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno y podría coordinar medidas ante amenazas graves e inminentes.
- Nuevas restricciones y sanciones: se contemplan prohibiciones a aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, además de delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia y acciones financiadas desde el exterior.
- Intervención ante amenazas externas: se redefinirían las funciones de la Defensa Nacional y se establecerían protocolos para actuar ante determinadas amenazas.
- Medidas contra el financiamiento del terrorismo: se incorporaría el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con restricciones económicas y financieras para los inscriptos.
La postergación deja en suspenso el avance legislativo de una iniciativa que combina el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas con cambios de amplio alcance en materia de defensa, inteligencia y seguridad. El próximo plenario será clave para determinar si el oficialismo consigue los consensos necesarios para emitir dictamen.
