La disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y habilitó la revisión de una decisión vinculada con la cautelar que obliga al Gobierno nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades.
La resolución se produjo luego de que el juez de primera instancia Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, rechazara la posibilidad de apelar la intimación que ordenaba al Estado cumplir con la medida judicial en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.
Al analizar la presentación, los camaristas consideraron que la decisión del magistrado podía generar un “gravamen irreparable”, por lo que habilitaron la vía de revisión solicitada por el Gobierno.
En su planteo, el Estado cuestionó que la resolución de primera instancia no precisara cuáles eran las obligaciones pendientes de cumplimiento ni los montos necesarios para ajustarse a la normativa. Además, sostuvo que los aumentos salariales otorgados a docentes y no docentes universitarios cubrían la actualización prevista en la ley.
Santilli apeló la multa de $100.000 diarios
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un recurso para apelar la multa de $100.000 diarios impuesta por el juez Cormick ante el incumplimiento de la medida cautelar vinculada con la actualización salarial del personal universitario.
El funcionario solicitó suspender la ejecución de las sanciones económicas hasta que se resuelva la apelación concedida al Estado nacional.
Entre sus argumentos, cuestionó la falta de fundamentos normativos concretos para atribuirle responsabilidad personal y advirtió que mantener la sanción podría ocasionarle consecuencias patrimoniales de difícil o imposible reparación posterior.
Las universidades reclaman una multa mayor
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió a la Justicia que incremente el monto de la multa aplicada a Santilli, al considerar que la suma establecida resulta insuficiente frente a las obligaciones económicas en disputa.
Desde el organismo sostuvieron que la sanción es “más que exigua en comparación con los importes en juego” y remarcaron que el monto actual no tendría la capacidad suficiente para obligar al Estado a cumplir con la medida judicial.
De esta manera, el conflicto por el financiamiento universitario continúa en los tribunales, con planteos contrapuestos entre el Gobierno nacional y las instituciones universitarias. Mientras la administración nacional busca revisar la cautelar y frenar las sanciones, el sector universitario reclama que se garantice el cumplimiento de la ley y que las multas tengan un efecto efectivo para exigir su aplicación.
