La representación legal de Peña quedó a cargo de Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes acudieron al Congreso en lugar del exjefe de Estado, cuya situación política quedó comprometida luego de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.
La controversia se centra en la relación atribuida entre Peña y la entidad financiera privada, que durante su administración recibió millonarios recursos provenientes de organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar las pensiones de gran parte de los trabajadores paraguayos.
La acusación impulsada en el Senado señala un presunto “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones” y plantea la posibilidad de retirarle la investidura al dirigente, quien había asumido la presidencia de Paraguay en agosto de 2023 para un mandato de cinco años.
La audiencia se desarrolla pocas horas después de que Peña anunciara públicamente su renuncia en medio de la creciente presión política y judicial. En ese mensaje, el exmandatario sostuvo: “La historia se encargará de juzgar y poner en su justa consideración los acontecimientos que hoy nos toca vivir” y añadió: “Pido disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”.
La presencia de sus abogados en el Congreso marca una nueva etapa del proceso político que atraviesa el exgobernante, mientras el Senado analiza las denuncias vinculadas a su desempeño en el cargo y a la relación entre su administración y la entidad financiera intervenida.
El caso se ha convertido en uno de los episodios políticos más relevantes de los últimos años en Paraguay y mantiene en vilo al escenario institucional del país, donde continúan las repercusiones por la renuncia de Peña y las investigaciones relacionadas con Ueno Bank.
Con información de: CNN Español
