La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó un nuevo revés judicial para la Argentina al ratificar el fallo que obliga al Estado nacional a pagar más de US$390 millones al fondo Titan Consortium, en el marco del litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
Con esta resolución, el tribunal estadounidense dejó firme la obligación de cumplir con la sentencia derivada de un proceso que se inició tras la estatización de la aerolínea de bandera en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El director de Latam Advisors, Sebastián Maril, explicó que el fallo no solo representa un nuevo revés para el país, sino que además reactiva la causa Webuild, que permanecía suspendida a la espera de la definición del expediente por Aerolíneas Argentinas.
La disputa judicial tiene su origen en el reclamo presentado por los antiguos accionistas de la empresa. En 2019, los demandantes obtuvieron un laudo definitivo a su favor en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. Sin embargo, el Estado argentino nunca efectuó el pago correspondiente.
Cabe recordar que el CIADI ya había emitido en 2017 una primera sentencia adversa para la Argentina, en ese caso a favor del grupo español Marsans, antiguo propietario de la compañía aérea.
Inicialmente, el litigio fue adquirido por el estudio británico Burford Capital, especializado en la compra de derechos litigiosos y también conocido por su participación en la causa por la expropiación de YPF. En 2018, tras obtener un fallo favorable por US$320 millones, Burford vendió el caso a Titan Consortium por US$107 millones, anticipando que el proceso judicial se extendería debido a las apelaciones del Estado argentino.
Desde 2021, Titan impulsó acciones ante la Justicia de Estados Unidos para ejecutar el cobro de la sentencia. Aunque durante 2024 ambas partes avanzaron en negociaciones para alcanzar un acuerdo de pago, la Argentina modificó su estrategia judicial, no constituyó la caución exigida por la sentencia y el fondo inició los procedimientos para ejecutar el fallo mediante el embargo de activos soberanos argentinos.
La decisión de la Cámara de Apelaciones representa un nuevo frente judicial para el Estado nacional, que continúa enfrentando millonarias demandas internacionales vinculadas a expropiaciones y conflictos con inversores extranjeros.
