El empresario Lázaro Báez fue formalmente imputado como presunto líder de una organización dedicada al lavado de activos, que habría continuado operando desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión.
La acusación fue presentada durante dos audiencias judiciales realizadas en Santa Cruz, en el marco de una investigación encabezada por la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte.
Los funcionarios expusieron los detalles del caso ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez. Según la investigación, la estructura estaría integrada por 16 personas y se dividiría en dos expedientes vinculados entre sí.
Investigan movimientos por casi $391 millones
En la primera causa, los investigadores analizan un circuito de dinero estimado en $390.880.000, que habría sido administrado y puesto en circulación de manera ilícita.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Báez habría dirigido las maniobras mediante comunicaciones telefónicas desde su lugar de detención, pese a las restricciones legales derivadas de su condena.
La calificación legal provisoria incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
La fiscalía sostiene que la organización habría utilizado transferencias fraccionadas entre cuentas bancarias de personas allegadas y billeteras virtuales para reintroducir fondos de presunto origen ilícito en el circuito económico formal.
Una segunda causa por narcotráfico
La investigación también tiene un expediente conexo que apunta a una presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la región patagónica.
Esta segunda causa involucra a nueve acusados y, según la acusación, presenta conexiones logísticas con el entorno del empresario santacruceño.
En este contexto, el juez Claudio Marcelo Vázquez convalidó 12 detenciones bajo prisión preventiva y estableció medidas de coerción para los otros cuatro imputados.
Además, dispuso un plazo de dos años para completar la instrucción, ordenó el embargo de los vehículos incautados y autorizó el levantamiento del secreto financiero.
La investigación continúa
Entre los principales elementos probatorios incorporados al expediente se encuentran intervenciones telefónicas y documentación secuestrada durante los procedimientos.
Con estas medidas, la Justicia busca profundizar el análisis de los movimientos económicos, determinar el alcance de la presunta organización y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
La investigación abre un nuevo frente judicial para Báez, mientras las defensas de los acusados preparan sus planteos. Las imputaciones corresponden a una etapa de investigación y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.
