Los datos pertenecen al informe "Celulares: ¿prohibir o no prohibir?", elaborado por Andrea Goldin (CONICET y Universidad Torcuato Di Tella), junto a Martín Nistal y Tomás Besada, de Argentinos por la Educación, a partir de la información del operativo Aprender 2024. El estudio ofrece una radiografía del acceso temprano a los dispositivos móviles y revisa la evidencia internacional sobre las políticas que buscan restringir su uso en el ámbito escolar.

Los números muestran que el 59% de los estudiantes argentinos de tercer grado de primaria ya posee un celular propio. Otro 23% no tiene un dispositivo personal, pero utiliza el de algún integrante de su familia. En otras palabras, apenas el 18% de los chicos de 8 años no tiene acceso a un teléfono móvil.

La presencia de estos dispositivos atraviesa a todas las provincias, aunque con diferencias. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego más del 65% de los alumnos tiene celular propio, mientras que en Misiones y Formosa la cifra ronda el 40%. También existen brechas socioeconómicas: el 63% de los estudiantes de mayores ingresos cuenta con un teléfono propio, frente al 52% de los sectores más vulnerables. En la escuela secundaria el fenómeno ya es prácticamente universal: nueve de cada diez adolescentes poseen un celular.

Este crecimiento acelerado impulsó un debate que hoy ocupa un lugar central en la agenda educativa mundial. ¿Conviene prohibir los celulares en la escuela? ¿Mejora realmente el aprendizaje?

La evidencia científica todavía no ofrece una respuesta definitiva.

Las investigaciones internacionales coinciden en un punto: las restricciones reducen el uso del celular durante las clases y disminuyen las distracciones dentro del aula. Cuando las políticas son estrictas y limitan el acceso durante toda la jornada escolar, el tiempo de uso baja de manera significativa.

Sin embargo, esa reducción no siempre se traduce en mejores resultados académicos. Algunos estudios registran avances moderados, especialmente entre estudiantes con mayores dificultades o provenientes de contextos vulnerables. Otros, incluso en sistemas con prohibiciones estrictas, no encuentran diferencias significativas en el rendimiento escolar.

Tampoco existe consenso respecto de otros efectos esperados. Mientras algunas investigaciones detectan una disminución de situaciones de acoso escolar, otras no observan cambios relevantes en la convivencia ni en el bienestar de los estudiantes.

Pese a esa evidencia todavía ambigua, cada vez más países avanzan con regulaciones. Según datos de UNESCO, menos de una cuarta parte de los sistemas educativos tenía restricciones formales en 2023. Tres años después, esa proporción ya se acerca al 60%.

Las estrategias son diversas. Francia, Países Bajos y Chile optaron por restricciones generales. Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten el uso únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. En el Reino Unido, en cambio, cada escuela establece sus propias reglas. En casi todos los casos, las limitaciones son más estrictas en el nivel inicial y primario.

Argentina también avanza, aunque sin un criterio unificado. No existe una normativa nacional y cada provincia define su propia política. Actualmente, al menos 11 jurisdicciones implementaron leyes, resoluciones o protocolos específicos, mientras que más de la mitad del país todavía no cuenta con regulaciones claras.

Así, conviven modelos muy distintos: algunas provincias restringen ampliamente el uso de celulares en primaria, otras solo lo regulan en secundaria y algunas autorizan su utilización exclusivamente con fines pedagógicos o permiten que cada institución adapte las normas según su contexto.

Para Andrea Goldin, investigadora del CONICET y coautora del informe, el debate no debería reducirse a la prohibición. Sostiene que la evidencia aún no demuestra que impedir el uso del celular modifique los hábitos digitales de los estudiantes y plantea que esta discusión representa una oportunidad para repensar el papel de la escuela frente a las nuevas tecnologías. A su juicio, el desafío consiste en enseñar a utilizarlas con objetivos pedagógicos claros, evitando que sean las plataformas las que terminen condicionando la forma de aprender.

Una mirada complementaria aporta el sociólogo Alejandro Artopoulos, de la Universidad de San Andrés, quien interpreta las prohibiciones como parte de una reacción frente al deterioro de la salud mental y los cambios culturales que atraviesan a las familias y las comunidades. Considera que limitar los celulares por sí solo no resolverá el problema y propone desarrollar políticas públicas que promuevan el bienestar digital y diferencien el uso educativo de las pantallas de la adicción a las redes sociales.

En la misma línea, la especialista en educación y cuidados digitales Lucía Fainboim advierte sobre la naturalización de que un niño de apenas ocho años tenga un celular propio. Señala que esa situación responde a un ecosistema digital diseñado para captar usuarios desde edades cada vez más tempranas, una lógica que -afirma- muchas veces contradice las necesidades de una infancia saludable, basada en el juego, el movimiento, la autonomía y los vínculos personales.

Por su parte, la experta en tecnología educativa Melina Masnatta sostiene que el verdadero desafío no pasa por trasladar recetas de otros países, sino por construir estrategias adaptadas a cada contexto. En su visión, la pregunta ya no es simplemente si conviene prohibir o permitir los celulares, sino cómo enseñar a utilizarlos con criterios pedagógicos que favorezcan la convivencia y los aprendizajes.

Los datos muestran que el celular llegó a la escuela para quedarse. La discusión ya no parece centrarse únicamente en prohibir o habilitar su uso, sino en encontrar un equilibrio entre el cuidado de la infancia, la calidad educativa y la formación de ciudadanos capaces de desenvolverse críticamente en un mundo cada vez más digital.

*- Por el Observatorio de Argentinos por la Educación (OAE)