El senador brasileño Flávio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir de Brasil por orden de Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF). La medida se conoció el lunes 26 de octubre, luego de que el legislador visitara a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia.

Según relató el propio senador en un video publicado en sus redes sociales, la decisión judicial había sido firmada la noche del domingo 25. Flávio aseguró que los agentes de la Policía Federal lo notificaron en la vía pública cuando se retiraba de la vivienda de su padre.

El legislador cuestionó la resolución y sostuvo que se trata de una persecución política vinculada al resultado electoral. “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó. Además, confirmó que entregará sus pasaportes y anticipó que se defenderá judicialmente.

La orden establece tres medidas: la prohibición de contacto entre Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, la cancelación de todos los pasaportes brasileños del senador —incluidos los diplomáticos— y la obligación de entregar, en un plazo de 24 horas, cualquier pasaporte de otra nacionalidad que pudiera tener.

Flávio también rechazó que la decisión se basara en una supuesta intención de abandonar el país tras el resultado electoral. Según manifestó, Alexandre de Moraes habría tomado en cuenta declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, realizadas el 23 de octubre. “Yo nunca dije eso”, sostuvo.

Investigación por presunto lavado de dinero

La medida judicial se inscribe en una investigación por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones vinculadas a casas de apuestas. En la causa también está bajo investigación el abogado Willer Tomaz, con quien el senador habría mantenido vínculos comerciales y financieros.

De acuerdo con información atribuida a la Policía Federal de Rio Grande do Sul y publicada por Globo.com, los investigadores accedieron a correos electrónicos y documentación vinculados a una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, una empresa perteneciente a Tomaz. En los registros, Flávio Bolsonaro figuraba como “usuario principal”, condición que le habría otorgado un alto nivel de acceso y gestión de la cuenta.

Un correo electrónico fechado el 22 de mayo de 2025 indicaría que Tomaz solicitó que se eliminara su propio acceso a esa cuenta. Para los investigadores, el registro constituye un elemento relevante para establecer el alcance y la duración del vínculo operativo del senador con la sociedad.

La pesquisa también identificó viajes, encuentros, documentos personales y movimientos financieros que vincularían a ambos. Según el informe policial, algunos viajes realizados por Flávio habrían sido pagados por Cathedral, otra empresa relacionada con Tomaz.

Cathedral operaba desde la misma dirección que Alcazar en la isla portuguesa de Madeira y figura como propietaria de Best Bet, integrante de Loto Network, una red vinculada al sector de las apuestas en Río de Janeiro.

Un Jet Privado y vínculos empresariales bajo la lupa

Otro de los elementos incorporados a la investigación es la titularidad compartida de un avión privado utilizado por Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz en un vuelo entre Fort Lauderdale, Estados Unidos, y Brasil, en enero de 2025.

Se trata de un jet Legacy 650, matrícula PP-NLR, cuya propiedad estaba distribuida entre tres partes: Tomaz, a través de Alcazar Holdings; Laerte Cosentino, vinculado a la empresa Totvs; y el banquero Daniel Vorcaro, de Banco Master, representado por la sociedad Prime You, encargada de administrar el uso compartido de la aeronave.

Los investigadores consideran que el cruce de registros societarios, correos electrónicos, pagos de viajes y documentación relacionada con el avión podría aportar elementos para esclarecer las relaciones comerciales y financieras entre los involucrados.

Por su condición de senador, Flávio Bolsonaro cuenta con jurisdicción especial ante el Supremo Tribunal Federal. El expediente fue remitido a ese tribunal el 8 de octubre y Alexandre de Moraes quedó a cargo de la causa.

Por el momento, las medidas dispuestas forman parte de una investigación en curso y las sospechas deberán ser esclarecidas en el ámbito judicial. Flávio Bolsonaro, por su parte, rechazó las acusaciones de persecución política y aseguró que se defenderá de la decisión.