El Gobierno argentino rechazó la iniciativa y calificó de ilegales los permisos otorgados. Abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982 presentaron una demanda en tribunales locales cuestionando la legalidad del proyecto y sus posibles impactos ambientales.
Navitas Petroleum ingresó en 2020 con una participación inicial del 30% y hoy controla el 65%, mientras que Rockhopper mantiene el 35%. En diciembre de 2025 ambas compañías anunciaron la decisión de inversión definitiva para avanzar con la explotación.
El plan prevé perforar 11 pozos submarinos en una primera fase, conectados a una plataforma flotante de producción y almacenamiento (FPSO). La segunda etapa incluirá otros 12 pozos, y hacia 2030 se proyecta iniciar la extracción en el Área de Desarrollo Central con 20 perforaciones adicionales.
Navitas ya opera proyectos en el Golfo de México, como Shenandoah, que produce 120.000 barriles diarios, y Buckskin, en funcionamiento desde 2019. En 2025 la compañía reportó un EBITDA de 262 millones de dólares.
Rockhopper, está presente en Malvinas desde 2004, también desarrolla licencias en la cuenca norte y sur del archipiélago. En 2022 obtuvo un laudo arbitral favorable contra Italia por el proyecto Ombrina Mare, aunque la decisión fue anulada en 2025.
El presidente Javier Milei anunció que emitirá un decreto para sancionar a las empresas que participen en proyectos hidrocarburíferos en las islas sin autorización argentina. “Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, afirmó en cadena nacional.
Las medidas incluyen restricciones comerciales, un refuerzo del presupuesto de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego y un proyecto de ley para endurecer penalidades contra compañías y proveedores vinculados a la explotación de recursos en Malvinas.
Con información de: Infobae
