Bossatti indicó que en Jujuy ya existen fiscalías y juzgados especializados en niños, niñas y adolescentes, aunque será necesario adecuar infraestructura y capacitar al personal.
Detalló que actualmente la provincia cuenta con dos centros de menores y casas de acogida, con cifras bajas de jóvenes privados de libertad: 9 en 2024, 9 en 2025 y 4 en 2026.
El procurador detalló que los delitos graves incluyen robos agravados, robos con armas, abuso sexual, homicidios y femicidios. En casos menos graves se aplican salidas alternativas como la justicia restaurativa, que busca concientizar sobre el daño causado y promover la reparación. “Esperemos que estos porcentajes no se disparen”, advirtió.
El procurador adjunto Diego Eduardo Chacón sostuvo que la Fiscalía acompañará la implementación del nuevo régimen y destacó la importancia de la capacitación y la concientización. “La ley prevé no solo la intervención del joven, sino también de toda la familia, con instancias de mediación según la gravedad del hecho”, explicó.
Bossatti aclaró que los antecedentes de los jóvenes no quedarán asentados de manera definitiva para no dificultar su vida futura, aunque en casos graves sí se aplicarán condenas. Ejemplificó que, de haber estado vigente la ley en el caso de Cesia Reynaga, el menor involucrado habría sido sometido a juicio y condenado de acuerdo a la decisión de los jueces, aunque con límites temporales en la pena, distintos a los de los adultos.
Finalmente, el procurador aseguró que los menores permanecerán separados de los adultos en los lugares de detención y que se trabaja en mejoras edilicias y capacitación integral de fiscales, jueces, policías y personal penitenciario. “Todos los que intervenimos dentro del sistema debemos estar preparados para este nuevo escenario”, concluyó.
