La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la resolución que había beneficiado al efectivo policial Alejandro Raúl Carlos, condenado originalmente a prisión perpetua por su participación en la muerte de Josué Saúl Mendoza, ocurrida en una dependencia policial de Jujuy en junio de 2006.
La decisión fue dada a conocer el 27 de agosto de 2026 y dejó sin efecto la revisión realizada por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que en 2020 había recalificado la participación de Carlos, reducido su condena a 14 años de prisión y dispuesto su libertad por considerar cumplida la pena.
Un crimen ocurrido dentro de una dependencia policial
El caso se remonta al 30 de junio de 2006, cuando Josué Mendoza fue detenido luego de un incidente registrado en inmediaciones de la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy.
Según se estableció durante la investigación y el juicio oral, una vez alojado en una celda, Mendoza fue víctima de una severa golpiza y posteriormente murió como consecuencia de maniobras de estrangulamiento y sofocación.
Tras su muerte, los responsables habrían intentado ocultar lo ocurrido mediante el montaje de una escena destinada a simular un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, las pericias forenses descartaron esa hipótesis y permitieron avanzar sobre la verdadera mecánica de la muerte.
De prisión perpetua a libertad
Por estos hechos, Alejandro Raúl Carlos fue condenado en el juicio oral a prisión perpetua por homicidio agravado y apremios ilegales.
Sin embargo, en 2020 el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy modificó la calificación de su participación y lo consideró partícipe secundario, por lo que redujo la pena a 14 años de prisión. A partir de esa decisión se dispuso su libertad por pena cumplida.
La resolución fue cuestionada por el Ministerio Público y llegó a la Corte Suprema de la Nación, luego del trámite correspondiente y del dictamen emitido por el procurador general Eduardo Casal en septiembre de 2025.
La Corte cuestionó la revisión provincial
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron revocar la decisión provincial al considerar que la revisión había sido “ilegal y arbitraria”, principalmente por vulnerar el principio de cosa juzgada.
De esta manera, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución que había reducido la condena y ordenó que el expediente vuelva al ámbito de la Justicia de Jujuy.
Ahora deberá intervenir nuevamente la Justicia jujeña
Con el fallo de la Corte Suprema, los tribunales provinciales deberán emitir un nuevo pronunciamiento judicial, respetando los criterios establecidos por el máximo tribunal.
La decisión no constituye por sí misma una nueva condena, sino que anula la resolución que había modificado la pena original y obliga a la Justicia local a resolver nuevamente la situación procesal del efectivo policial.
El caso vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda judicial jujeña, casi dos décadas después de la muerte de Josué Mendoza dentro de una dependencia policial.
