La Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente luego de la destitución inmediata de su fiscal general, Karim Khan, tras una denuncia por presunta agresión sexual presentada por una funcionaria del tribunal.
El caso fue elevado al Comité de Ética de la CPI, que activó el procedimiento disciplinario correspondiente. Posteriormente, la Asamblea de Estados Parte, órgano encargado de supervisar la conducta de las máximas autoridades del tribunal, resolvió remover a Khan de su cargo mientras avanza la investigación.
Según trascendió, la denuncia se refiere a un presunto episodio ocurrido en el ámbito laboral de la Corte. Las autoridades consideraron que existían elementos suficientes para adoptar una medida inmediata, optando por la destitución en lugar de una suspensión preventiva para preservar la integridad institucional del organismo.
La decisión estuvo precedida por intensas consultas diplomáticas entre los Estados miembros. De acuerdo con medios europeos como Le Monde y Der Spiegel, algunos países defendían el principio de presunción de inocencia, mientras que otros sostenían que mantener a Khan al frente de la Fiscalía podía afectar la credibilidad de la Corte, especialmente en un momento en que investiga causas de gran repercusión internacional.
Durante su gestión, iniciada en 2021 con un mandato previsto de nueve años, Khan impulsó investigaciones vinculadas a conflictos de alcance global, entre ellos los de Ucrania y Palestina, además de promover órdenes de arresto contra dirigentes de Rusia, Israel y Hamás.
Su salida obliga ahora a la Asamblea de Estados Parte a poner en marcha un mecanismo extraordinario para designar un fiscal interino e iniciar el proceso de selección de un reemplazante definitivo.
En América Latina, distintos medios señalaron que el cambio en la conducción de la Fiscalía podría influir en el desarrollo de investigaciones relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos en países como Venezuela, Colombia y naciones de Centroamérica.
Por su parte, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional valoraron la rapidez con la que actuó la Corte, aunque advirtieron que el caso no debe ser utilizado para desacreditar el trabajo del tribunal ni para debilitar su independencia frente a las investigaciones que lleva adelante.
