La iniciativa había sido impulsada por la Relatoría Especial sobre violencia contra mujeres y niñas y buscaba promover la actualización de políticas públicas y marcos normativos destinados a enfrentar distintas formas de violencia y situaciones de explotación que afectan a mujeres y niñas en todo el mundo.

De acuerdo con la votación realizada en la ONU, la propuesta obtuvo un amplio respaldo internacional: 175 países votaron a favor, seis se abstuvieron y uno se manifestó en contra. Entre los países que optaron por la abstención estuvieron Argentina, Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún.

El texto también hacía referencia a situaciones de violencia registradas en contextos de conflicto armado, entre ellos los vinculados a Israel y Palestina, la guerra entre Rusia y Ucrania, además de las crisis humanitarias que afectan a Sudán y Myanmar.

Según el artículo, la delegación estadounidense objetó aspectos relacionados con referencias a cuestiones de género, salud sexual y reproductiva y educación sexual, al considerar que esos temas podrían interferir con las prioridades y regulaciones internas de cada país. La posición argentina coincidió con esa postura durante la votación.

La resolución fue debatida en el marco de los compromisos establecidos por la Agenda 2030, un programa internacional que ha sido cuestionado en distintas oportunidades por sectores políticos de Estados Unidos y por el actual gobierno argentino.

La abstención se suma a otras posiciones adoptadas por la administración de Milei en organismos internacionales y volvió a generar debate sobre la política exterior argentina en temas vinculados a derechos humanos y cooperación multilateral.

Con la aprobación de la resolución, Naciones Unidas reiteró el llamado a reforzar las estrategias de protección, prevención y asistencia frente a la violencia ejercida sobre mujeres y niñas, una problemática que continúa siendo abordada por los organismos internacionales como una prioridad global.

Con información de: Página 12