La decisión responde a una serie de reclamos que los trabajadores consideran urgentes. Entre ellos se destaca la reapertura de las mesas paritarias, la reincorporación de empleados despedidos en distintos municipios y el pase a contrato de servicio de capacitadores de todos los ministerios.
También exigen el blanqueo salarial para los trabajadores municipales próximos a jubilarse, la recategorización en los municipios de la provincia y la entrega efectiva de ropa de trabajo en ministerios y municipios.
Otro punto central es el pase a planta permanente de los trabajadores municipales, junto con mejoras en la estabilidad laboral de quienes se desempeñan bajo la modalidad de jornalizados.
El paro se enmarca en un contexto económico complejo, el gremio solicita que los salarios se ajusten a la canasta básica para garantizar condiciones de vida dignas. El INDEC estimó que una canasta básica total es de $1.498.741 para una familia tipo de cuatro integrantes en mayo de 2026.
La organización sindical subrayó que la medida busca visibilizar la falta de respuestas a demandas históricas y que la unidad de los trabajadores es clave para avanzar en conquistas laborales.
