El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy, Carlos Sajama, anunció que el gremio adherirá al paro nacional previsto para el próximo 21 de abril, en el marco de un plan de lucha definido por la conducción nacional del sindicato. Así lo confirmó en declaraciones a La Voz de Jujuy, donde también expresó su preocupación por la situación económica que atraviesan los trabajadores estatales.
Sajama explicó que la decisión fue tomada durante una reunión de la conducción nacional realizada el jueves 9, en la que participaron representantes de distintas provincias. “Venimos de una reunión muy importante donde se ha definido esta jornada de lucha para el 21, y desde ATE Jujuy vamos a estar participando”, señaló.
El dirigente gremial remarcó que la realidad de la provincia no difiere del panorama nacional, caracterizado por salarios insuficientes y condiciones laborales precarias. En este sentido, advirtió que muchos trabajadores municipales, incluso aquellos que pertenecen a la planta permanente, perciben ingresos que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica. “Jujuy está viviendo la misma situación que todo el país; muchas provincias están en una situación económica muy precaria en el ámbito municipal”, afirmó.
Asimismo, Sajama manifestó su preocupación por el impacto de los despidos en el sector público a nivel nacional. Según indicó, desde ATE se denuncian alrededor de 35 mil cesantías, lo que agrava el escenario de incertidumbre laboral y social.
En relación con las demandas del gremio, el secretario general insistió en la necesidad de una convocatoria urgente a paritarias nacionales que permita discutir una recomposición salarial acorde al contexto inflacionario. “Se van a venir más medidas en caso de no tener una respuesta favorable”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de profundizar el plan de lucha.
Finalmente, el dirigente informó que la convocatoria para el paro del 21 de abril estará dirigida principalmente a los trabajadores de la capital jujeña y a las seccionales más cercanas, destacando que el difícil contexto económico también repercute en el funcionamiento del propio gremio.
La medida de fuerza se enmarca en un clima de creciente tensión entre los sindicatos estatales y el Gobierno nacional, con reclamos centrados en la recomposición salarial, la estabilidad laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores del sector público.