El transporte público quedará completamente interrumpido desde esta medianoche luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad confirmaran que adherirán al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
La decisión fue ratificada por los secretarios generales Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad), quienes aseguraron que la medida se sostendrá pese a la intimación formal emitida por el Ejecutivo, que instó a ambos gremios a “abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza que implique la suspensión del servicio”.
Durante la tarde, la tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos del transporte escaló luego de que se advirtiera que, en caso de concretarse el paro, podrían aplicarse sanciones que incluirían la quita de la personería gremial, herramienta clave para la representación legal de las organizaciones sindicales.
Desde el oficialismo señalaron que “no se permitirá la extorsión a través de medidas de fuerza ilegítimas” y remarcaron que la personería gremial “no es un derecho absoluto, sino una potestad del Estado”. La Secretaría de Trabajo indicó que evaluará los pasos a seguir una vez finalizada la jornada de protesta.
Sin embargo, desde los gremios sostuvieron que la huelga cuenta con respaldo legal por tratarse de una convocatoria de la CGT. “Este es un paro decretado por la CGT y estamos protegidos legalmente”, afirmaron los dirigentes. Además, aclararon que la conciliación obligatoria vigente en conflictos salariales no alcanza a una medida de carácter general definida por la central obrera.
La paralización afectará trenes y colectivos en todo el país, con especial impacto en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las principales ciudades del interior. Se estima que más de nueve millones de personas utilizan diariamente estos medios de transporte.
Según confirmaron las conducciones sindicales, el paro se extenderá por 24 horas y no habrá servicios mínimos ni guardias para casos excepcionales.
La medida se enmarca en un clima sindical convulsionado, atravesado por el debate de la reforma laboral y cuestionamientos a la política económica oficial. Desde la CGT anticiparon que podrían impulsarse nuevas acciones si no hay cambios en el proyecto.
La pulseada entre el Gobierno y los gremios del transporte abre un nuevo capítulo en un escenario de alta conflictividad, con el sistema de movilidad urbana como principal variable de presión en la disputa.