La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió este martes que la causa iniciida por la CGT contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo.
La decisión representa un duro revés para la central obrera, que buscaba que el expediente fuera tratado por la Cámara del Trabajo, un ámbito que consideraba más favorable a sus planteos.
El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, ratificó la competencia del fuero contencioso administrativo federal, en línea con la postura sostenida por el Gobierno nacional.
El conflicto se había originado luego de que el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declarara competente para intervenir en la causa. Posteriormente, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó esa decisión y dispuso remitir las actuaciones a la Cámara del Trabajo, generando así una contienda de competencia.
Ante esta situación, la Cámara intervino y determinó que el expediente debe continuar en el ámbito contencioso administrativo federal, conforme a lo establecido por la Ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su resolución, los magistrados cuestionaron el procedimiento adoptado por el juzgado laboral, al considerar que se apartó del trámite legal previsto para estos casos y provocó una dilación innecesaria en el avance del proceso.
Asimismo, remarcaron que la causa excede el mero ámbito del derecho laboral, ya que involucra cuestiones de naturaleza federal, como la validez de una ley sancionada por el Congreso y la determinación de la competencia judicial.
Para la CGT, la resolución representa un escenario adverso. En la central sindical consideran que el fuero contencioso administrativo mantiene una postura más cercana a la administración del presidente Javier Milei, lo que podría favorecer la vigencia plena de la reforma cuestionada.
No obstante, tanto el sindicalismo como el Gobierno son conscientes de que la disputa judicial recorrerá todas las instancias y, finalmente, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la norma.