La disputa por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo y promete extenderse hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el Gobierno nacional no ocultan su convicción: será el máximo tribunal el que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la normativa impulsada por la administración libertaria.
"La vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar", aseguró un funcionario de primera línea, en medio de la fuerte pulseada judicial que mantiene el Ejecutivo con la Confederación General del Trabajo.
Un fallo clave para el oficialismo
La semana pasada, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor del Estado y restituyó la plena vigencia de la reforma laboral, dejando sin efecto la medida cautelar que había suspendido 82 artículos de la ley.
Los magistrados Víctor Arturo Pesino y María Dora González resolvieron a favor del Poder Ejecutivo en la causa iniciada por la CGT, otorgándole al oficialismo un importante respaldo judicial.
En el Gobierno consideran que la ofensiva judicial del sindicalismo continuará, aunque sostienen que la resolución final les será favorable cuando el expediente llegue a la Corte Suprema.
La CGT respondió con recusaciones
Lejos de resignarse, la central obrera presentó este lunes la recusación contra ambos jueces y solicitó la nulidad absoluta del fallo.
Para la conducción cegetista, los magistrados "prejuzgaron" sobre el fondo de la cuestión, vulnerando garantías procesales. Además, cuestionaron particularmente a Pesino, a quien acusan de haber favorecido la postura del Estado mientras tramita su continuidad en el cargo más allá de los 75 años.
Según el planteo sindical, esa situación configura una causal objetiva de apartamiento, al considerar incompatible la eventual prórroga de su mandato con el reciente fallo favorable al Ejecutivo.
Una batalla que recién comienza
Con la reforma laboral nuevamente en vigencia, el conflicto entre el Gobierno y la CGT ingresa en una etapa decisiva. Mientras el oficialismo apuesta a una ratificación definitiva en la Corte, el sindicalismo busca frenar la aplicación de una normativa que considera lesiva para los derechos de los trabajadores.
Todo indica que la última palabra quedará en manos del máximo tribunal, en una causa que podría marcar un antes y un después en las relaciones laborales de la Argentina.