En noviembre pasado, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento que había beneficiado al dirigente en septiembre de 2024 y ordenó su procesamiento por el delito de coacción. El fallo, revelado por Infobae, valida la calificación penal de esta medida de fuerza como un acto extorsivo.
La condena sienta un precedente en la criminalización de la protesta sindical al tratar un conflicto laboral como un delito, y marca un punto de inflexión en la jurisprudencia sobre piquetes y bloqueos gremiales.