La modificación de la Ley 26.657 introduce cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, amplía el abordaje de las adicciones para incluir la ludopatía y establece nuevas herramientas para intervenir ante situaciones de riesgo. El texto también mantiene la prohibición de crear manicomios y contempla distintas modalidades de atención fuera de las instituciones tradicionales.
Internaciones involuntarias: qué establece la reforma
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de las condiciones para disponer una internación involuntaria. La nueva redacción establece que podrá indicarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros y no sean posibles otros abordajes terapéuticos.
La internación continuará siendo considerada un recurso excepcional y deberá contar con una evaluación interdisciplinaria.
El texto habilita a un médico, preferentemente especialista en psiquiatría, a disponer la medida. En situaciones de emergencia podrá intervenir un solo profesional, aunque la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.
Además, contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas en psiquiatría cuando resulte necesario para evaluar los casos.
La reforma también establece nuevas pautas para el control judicial de las internaciones. Las medidas deberán ser comunicadas a la Justicia, que podrá solicitar informes, peritajes e intervenir en su seguimiento.
Ludopatía, adicciones y atención de niños y adolescentes
Otro cambio importante es la ampliación del abordaje de las adicciones. La iniciativa incorpora expresamente la ludopatía entre las problemáticas que requieren atención en salud mental, con herramientas destinadas a personas que atraviesan conductas adictivas y consumos problemáticos.
En cuanto a las modalidades de tratamiento, el proyecto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y contempla dispositivos alternativos como tratamientos ambulatorios y domiciliarios, hospitales de día y casas de convivencia.
También incorpora disposiciones específicas para niños y adolescentes. La atención deberá estar a cargo de equipos con formación en salud mental infantojuvenil y, en caso de internación, deberán permanecer separados de los adultos, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.
Otro aspecto contemplado es la planificación del egreso desde el momento del diagnóstico, con pautas para organizar la salida de las instituciones y garantizar la continuidad de los cuidados.
El financiamiento, el principal foco de discusión
La disponibilidad de recursos para implementar los cambios fue uno de los principales puntos de tensión durante el debate. El oficialismo incorporó modificaciones para conseguir el respaldo de bloques aliados y representantes provinciales.
Entre ellas, se contemplaron mecanismos de cooperación financiera entre la Nación y las jurisdicciones, con previsiones presupuestarias para sostener la aplicación de la reforma.
Sin embargo, distintos legisladores cuestionaron que las provincias deban asumir nuevas responsabilidades sin contar con garantías suficientes de financiamiento.
El senador Guillermo Andrada, de Convicción Federal, defendió un dictamen alternativo y sostuvo que las dificultades de la legislación vigente no responden necesariamente a sus principios, sino a la falta de recursos para sostener el modelo de atención comunitaria.
Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, defendió la iniciativa al considerar que la normativa actual necesita herramientas para responder a determinadas situaciones clínicas e intervenir oportunamente ante escenarios de riesgo grave.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también respaldó los cambios y defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias.
Con la aprobación del Senado, la reforma llegará ahora a la Cámara de Diputados. Allí se abrirá una nueva instancia de discusión sobre el alcance de los cambios y, especialmente, sobre las condiciones necesarias para garantizar su aplicación en todo el territorio nacional.
