El proyecto fue aprobado en la Cámara alta por 42 votos afirmativos y 21 negativos, por lo que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Frente a ese resultado, el bloque sostuvo un dictamen de minoría con una propuesta alternativa que pone el foco en el financiamiento, la infraestructura sanitaria y los mecanismos de control.
"Sin recursos, no hay reforma de Salud Mental que garantice la atención en todo el país", planteó Moisés, al explicar los motivos de su rechazo.
El financiamiento, en el centro de la discusión
La senadora aclaró que su posición no implica desconocer la necesidad de actualizar las herramientas de atención ni de intervenir ante situaciones de riesgo. Sin embargo, advirtió que modificar el texto de una ley no alcanza si no existen condiciones materiales para cumplirla.
"Coincidimos en la necesidad de mejorar la atención, de intervenir oportunamente y de contar con herramientas que permitan actuar ante situaciones de riesgo. Pero una reforma no se resuelve solamente cambiando artículos de una ley. Necesitamos garantizar los recursos, la infraestructura y los profesionales para que esas disposiciones puedan cumplirse", sostuvo.
Entre las principales dificultades de la legislación vigente, Moisés mencionó la falta de financiamiento, los escasos dispositivos comunitarios, la infraestructura sanitaria insuficiente y la ausencia de gabinetes psicopedagógicos y equipos interdisciplinarios capacitados.
También cuestionó la falta de garantías presupuestarias por parte del Gobierno nacional. "Con este Gobierno nunca tenemos asegurado el financiamiento. Y aunque lo escriban en una ley, necesitamos mecanismos concretos para controlar que los recursos lleguen y se ejecuten. No podemos seguir aprobando normas que después no se cumplen", afirmó.
La internación y las desigualdades entre provincias
Otro de los puntos que planteó la legisladora fue la necesidad de contar con establecimientos adecuados para atender situaciones que requieren internación.
"Estamos de acuerdo en que hay situaciones en las que la internación debe ser una herramienta disponible, pero si no tenemos establecimientos adecuados, ¿dónde vamos a internar a los pacientes? Si no garantizamos el financiamiento, ¿quiénes van a atender a las personas que atraviesan situaciones de tanta vulnerabilidad?", cuestionó.
Moisés también puso el acento en las diferencias territoriales y sostuvo que el acceso a la salud mental no puede depender del lugar de residencia. En ese sentido, reclamó que las provincias cuenten con infraestructura, profesionales y recursos suficientes para garantizar una cobertura equitativa.
"Un argentino que vive en Jujuy tiene que tener las mismas posibilidades de acceder a la atención de su salud mental que alguien que vive en Buenos Aires", remarcó.
Un plan de cinco años y control parlamentario
El dictamen de minoría de Convicción Federal propone un plan quinquenal de implementación, con objetivos concretos, evaluaciones periódicas y un informe anual al Congreso sobre la ejecución presupuestaria.
Durante el debate, el senador Guillermo Andrada sostuvo que la Ley 26.657 significó un avance al incorporar la atención comunitaria, la inclusión y la rehabilitación, pero señaló que esos principios no contaron con las herramientas económicas necesarias para hacerse efectivos.
"No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir. Cuando hablamos de salud, los recursos tienen que estar", expresó en el recinto.
La propuesta también contempla fortalecer los dispositivos comunitarios, garantizar tratamientos, seguimiento terapéutico y acceso a medicamentos, además de evitar que las familias deban asumir solas responsabilidades que corresponden al Estado.
Con la aprobación en el Senado, la discusión continuará en Diputados. Para Moisés, el debate no puede limitarse a modificar una normativa: el verdadero punto será reconocer cómo se financiará y garantizará la atención de la salud mental en cada provincia.
