La decisión del gobierno de Javier Milei (junto a la ministra Sandra Pettovello) de eliminar el programa “Volver al Trabajo” -una asistencia mensual de 78 mil pesos que alcanzaba a cerca de un millón de personas- marca un punto de inflexión. No solo por su magnitud fiscal, estimada en unos 680 millones de dólares anuales, sino por el efecto inmediato que genera en las economías regionales y en la estructura social de los sectores más vulnerables.
El argumento oficial se apoya en la necesidad de “reconvertir planes en empleo” e incluso propone alternativas como el llamado “plan voucher”. Sin embargo, el dato central es otro. Esa inserción laboral nunca ocurrió en la escala prometida. El resultado no es una transición ordenada, sino un corte brusco. Una masa importante de personas quedó sin ingresos, en medio de una economía que se enfría, circula menos dinero y ofrece cada vez menos oportunidades.
En provincias como Jujuy, el impacto adquiere una dimensión concreta. Según los últimos registros, 43.573 beneficiarios percibían este ingreso hasta marzo. La eliminación del programa implica una retracción mensual de más de 3.400 millones de pesos en la economía jujeña. No se trata únicamente de una cifra contable, sino de dinero que circulaba en circuitos de consumo básico, sostenía economías barriales y amortiguaba niveles de informalidad estructural.
La pregunta que emerge no es solo económica, sino política. ¿Quién absorbe ese vacío?
El esquema actual sugiere una respuesta implícita. La reducción del gasto social a nivel nacional no elimina la demanda, sino que la desplaza. Ese desplazamiento recae sobre las provincias, que deben enfrentar mayores niveles de conflictividad social con menos recursos disponibles.
En este punto, la situación de Jujuy añade un elemento crítico. La caída sostenida de la coparticipación y la exclusión de la provincia en la distribución reciente de Aportes del Tesoro Nacional -que alcanzaron a 12 jurisdicciones por un total de 400 mil millones de pesos- configuran un escenario de falta fuerte de recursos. Las advertencias realizadas por funcionarios provinciales no son menores. El secretario de Comunicación de Jujuy, Alberto Siufi, lo puso en relieve el último lunes en una conferencia: las arcas provinciales están cada vez más exigidas.
A eso se suma otro dato que agrava el cuadro. El recorte no impacta solo en la capital, sino en todo el interior, donde estos programas funcionaban como contención territorial en cada municipio.
Las consecuencias empiezan a verse. Las protestas registradas el martes en localidades como San Pedro de Jujuy y Ledesma, con cortes de accesos y movilizaciones, reflejaron un malestar que crece desde abajo. Las voces en la calle lo dicen sin rodeos.
“Hemos aguantado hasta la miseria con los planes y hemos seguido sobreviviendo, ahora atacan a los pobres y desocupados”.
“Van a recortar ahora, pero no pueden recortar todo. Eso es jugar con el hambre y la vergüenza”.
A la par, la política intenta responder, aunque con márgenes cada vez más estrechos. En un encuentro realizado hoy entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Carlos Sadir, se expuso el cuadro de situación, con caída de la actividad económica, pérdida de empleo privado, menos recursos por coparticipación y deterioro de rutas nacionales.
“Jujuy necesita decisiones urgentes”, planteó el mandatario frente a un funcionario de peso del gobierno nacional. Pero más allá del diagnóstico, lo concreto es que los fondos no aparecen. Mientras otras provincias recibieron asistencia, Jujuy quedó afuera.
Y ahí vuelve el problema de fondo. Más demandas y menos dinero.
La falta de recursos no es un planteo teórico. Tiene efectos concretos en la vida institucional. Se limita la posibilidad de mejorar salarios estatales, se tensan las paritarias docentes y sanitarias, se condiciona el funcionamiento del sistema de salud y se frenan decisiones estructurales como el pase a planta permanente o los cambios de categoría en la administración pública. Todo en el marco de una emergencia económica que sigue vigente.
La dinámica actual revela una tensión clara. El Estado nacional se retira, pero las provincias no tienen espalda para reemplazarlo. Ese desajuste no solo compromete las cuentas públicas, sino que alimenta un escenario de mayor conflictividad social.
El recorte de los planes sociales no puede leerse únicamente como una medida de ordenamiento fiscal. En Jujuy, se traduce en menos dinero circulando, más presión sobre un Estado provincial con cada vez menos margen y un malestar social que empieza a tomar forma.
Porque cuando el ajuste baja al territorio sin una red que lo contenga, deja de ser un número en una planilla.
Se transforma en menos comida en la mesa, en más incertidumbre y en calles que vuelven a hablar.
Pero hay algo más de fondo. El Gobierno nacional no solo recorta: también se desentiende de las consecuencias. Reduce recursos, elimina programas y, al mismo tiempo, deja a las provincias solas frente a un problema que no generaron y que no tienen cómo financiar.
En ese escenario, Jujuy queda atrapada en una doble presión. Por un lado, menos fondos. Por el otro, más demandas sociales.
Y mientras eso ocurre, los sectores libertarios jujeños eligen correrse del problema, evitando exigir respuestas a Nación en un contexto de emergencia que ya impacta en la vida cotidiana.
La discusión ya no es solo económica. Es política.
Porque gobernar también implica hacerse cargo de las consecuencias.
Y hoy, en Jujuy, esas consecuencias tienen nombre, territorio y conflicto.
*- Por Fabricio Rasjido
Director periodístico en La Voz de Jujuy