El proyecto aborda un problema estructural de flujo de ingresos: familias con empleo o jubilación que, acorraladas por altas tasas de interés y refinanciaciones sucesivas, no logran cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y servicios.
"El sobreendeudamiento de los hogares dejó de ser un caso aislado para convertirse en una crisis que golpea la dignidad de las familias”, declaró la diputada jujeña. Y afirmó que la idea no es plantear un salvataje bancario ni el uso de fondos públicos para pagar deudas privadas, sino “proponer una regla clara y justa: prevenir la concesión irresponsable de crédito, proteger el plato de comida en la mesa de los argentinos y dar un mecanismo ordenado para pagar lo posible y salir de la condena de la deuda perpetua".
Puntos clave del proyecto de ley
1. Protección Inviolable del Mínimo Vital: se establece que los procesos de cobro o reestructuración no podrán afectar los recursos necesarios para cubrir alimentos, vivienda, salud, educación y servicios. El piso objetivo de protección estará fijado por el valor de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC según el hogar y la región.
2. Freno a los Embargos y Descuentos Automáticos: al iniciar el procedimiento, el juez podrá congelar ejecuciones y suspender códigos de descuento y débitos automáticos sobre sueldos y jubilaciones que atenten contra la subsistencia del deudor, garantizando además la continuidad de los servicios públicos esenciales.
3. Sanción al Crédito Irresponsable y Acoso Financiero: se obliga a los bancos y proveedores no financieros (fintech, tarjetas, comercios) a evaluar fehacientemente la capacidad de pago antes de otorgar un crédito. Ante prácticas irresponsables o cobranzas abusivas y hostiles, la justicia podrá quitar intereses moratorios, punitorios y reducir tasas.
4. Conciliación Gratuita y Unificada: se habilita una instancia administrativa y gratuita ante las autoridades de Defensa del Consumidor para negociar un plan unificado de pago con todos los acreedores a la vez, con un plazo máximo de hasta 36 o 60 meses.
5. "Segunda Oportunidad" y Liberación de Saldos (Zero Income / Salvataje): para aquellas personas de buena fe que, tras una rigurosa investigación patrimonial, demuestren una incapacidad absoluta de pago y ausencia de bienes realizables, la ley prevé la liberación inmediata de los saldos impagos, permitiéndoles reinsertarse en la economía formal.
Un enfoque federal responsable
De acuerdo a Zigarán el proyecto respeta las autonomías provinciales, delegando la tramitación en la justicia y autoridades locales de consumo, y no representa ningún gasto fiscal ni creación de nuevos organismos o fondos estatales. Asimismo, protege la transparencia crediticia al exigir el reporte exacto y actualizado de datos, evitando condonaciones automáticas o retroactivas.
"Con este proyecto buscamos pasar del cobro salvaje y fragmentado a un esquema civilizado: primero prevenir, luego negociar globalmente y, finalmente, permitir que las familias argentinas puedan recuperar su tranquilidad y sus proyectos futuros", concluyó Zigarán.
