A poco más de un mes del inicio del juicio oral previsto para el 26 de octubre, la defensa de los 19 imputados por los hechos ocurridos durante el denominado “jujeñazo” de junio de 2023 pidió que el debate sea suspendido hasta que se resuelvan distintos recursos que permanecen pendientes en la Justicia.
La abogada Mariana Vargas, representante de la defensa, explicó que existen trámites en curso tanto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como ante la Corte de Justicia de Jujuy, por lo que considera que no están dadas las condiciones para avanzar con el juicio.
“Estamos planteando que no se haga el juicio porque hay trámites pendientes. Uno está en la Corte Suprema de la Nación. Hemos interpuesto dos recursos y uno de ellos está en trámite”, explicó Vargas.
Según la letrada, la defensa busca que se resuelva previamente una queja presentada ante el máximo tribunal nacional, vinculada con cuestionamientos al proceso. “Entendemos que tenemos que esperar que se resuelva esa queja para después poder llevarlo a cabo, porque después nos hacen lugar y tenemos que desandar diez audiencias. Es una locura”, sostuvo.
Cuestionamientos por el accionar policial
Otro de los planteos está relacionado con una causa que tramita ante la Justicia provincial y que, según explicó Vargas, investiga el presunto accionar ilegal de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de 2023.
La defensa sostiene que este expediente debería resolverse antes del juicio, ya que considera que la investigación sobre la actuación policial podría tener incidencia directa sobre la acusación por resistencia a la autoridad.
“Hay una queja en la Corte provincial en relación con un trámite donde se investiga la represión ilegal. Entendemos que no se puede configurar el delito de resistencia a la autoridad porque no hubo una orden legítima de represión”, afirmó la abogada.
Por este motivo, la defensa considera que corresponde esperar la resolución de ambos trámites antes de avanzar con el debate oral.
“Somos 19 personas que estamos siendo juzgadas”
Durante los testimonios recogidos en torno al proceso, uno de los imputados reconoció su participación en las protestas de junio de 2023 y cuestionó la cantidad de personas que llegaron a juicio en comparación con la magnitud de las movilizaciones.
“Yo estaba en la lucha, no voy a negarlo. Más de 50 mil personas ese día, y somos 19 personas que estamos siendo juzgadas”, expresó.
En su testimonio también cuestionó que, según su postura, no haya policías siendo juzgados por las lesiones sufridas por manifestantes durante las protestas.
“Los policías que realmente sacaron los ojos a los compañeros en el norte y en Capital, hoy en día no hay ningún policía que esté siendo juzgado”, afirmó.
Estas expresiones forman parte de los cuestionamientos planteados por los imputados respecto del proceso y del accionar de las fuerzas de seguridad durante los incidentes.
Reclaman presentar sus propias pruebas
Otro de los imputados manifestó dudas sobre las pruebas que existirían en su contra y aseguró que la defensa cuenta con elementos para realizar su descargo durante el juicio.
“En mi caso dicen que ellos tienen una foto de mi persona. Cuando fuimos a la cárcel de Alto Comedero, vimos las imágenes y no es la foto”, sostuvo.
El acusado agregó que también cuentan con pruebas que pretenden presentar ante la Justicia: “Nosotros también tenemos pruebas, queremos hacer nuestro descargo”.
De esta manera, a pocas semanas de la fecha prevista para el inicio del juicio, la defensa busca que el debate sea suspendido hasta que se resuelvan los recursos pendientes. La decisión sobre el pedido determinará si el juicio oral contra los 19 imputados comienza el 26 de octubre o si deberá aguardarse el avance de las actuaciones que actualmente tramitan en las distintas instancias judiciales.
