Frente a la negativa oficial de convalidar las demandas gremiales, los representantes sindicales advirtieron que adoptarán medidas de fuerza directas. Luego de una segunda audiencia prevista para las 15 horas con el personal no docente, ambas ramas definirán los pasos a seguir con la mira puesta en convocar a una quinta marcha federal universitaria, un escenario de movilización que volvería a medir el respaldo social frente a los recortes promovidos por el Poder Ejecutivo.
La disputa salarial se inscribe en un choque estructural más amplio por el Presupuesto 2027 que debate el Congreso de la Nación. Mientras las autoridades de las 60 universidades públicas nucleadas en el CIN estiman indispensables $11 billones para funcionar, el proyecto oficial asigna $7,3 billones, marcando un desfasaje del 33% sobre un sistema donde casi el 90% de los fondos se destina a sueldos y el resto a infraestructura, ciencia, becas y hospitales.
El conflicto suma además una compleja batalla judicial en torno a la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, cuyos artículos 5 y 6 cuentan con respaldo cautelar ratificado por la Corte Suprema y el juez federal Martín Cormick. Desde la Casa Rosada y la presidencia de la Cámara de Diputados ratifican el rumbo fiscal sin ceder partidas extraordinarias, mientras rectores advierten que la falta de respuestas financieras amenaza el normal inicio del ciclo lectivo 2027.
Con información de: Infobae
