En medio de un clima de fuerte debate en las redes sociales y de lo que desde distintos sectores califican como una campaña contra la Argentina, el Gobierno nacional volvió a ratificar que las universidades públicas están habilitadas para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.
La aclaración fue realizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien recordó que la medida se encuentra vigente desde la entrada en vigor del DNU 366/2025.
"Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025", expresó el funcionario a través de su cuenta de X, donde explicó que decidió realizar la aclaración tras recibir numerosas consultas sobre el alcance de la normativa.
El decreto modifica la Ley de Educación Superior N.º 24.521 y establece que los estudios de grado en instituciones de gestión estatal continuarán siendo gratuitos para los ciudadanos argentinos —nativos o por opción— y para los extranjeros con residencia permanente en el país.
En cambio, el texto autoriza a las universidades nacionales a establecer retribuciones por los servicios educativos para aquellos estudiantes extranjeros que no se encuentren comprendidos dentro de esas categorías.
No obstante, la normativa también contempla que los extranjeros sin residencia permanente podrán acceder a becas cuando así lo establezcan los estatutos de cada universidad o mediante convenios celebrados entre las instituciones educativas y organismos nacionales o internacionales.
En paralelo, el presidente Javier Milei también se expresó en sus redes sociales, aunque sin hacer una referencia directa a la medida. En una de sus publicaciones escribió: "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida". Más tarde agregó otro mensaje: "Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos".
La ratificación oficial reaviva un debate que continúa generando repercusiones tanto en el ámbito educativo como en el político, especialmente en relación con el acceso de estudiantes extranjeros a la educación superior pública en la Argentina.
