La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial para desmentir las versiones periodísticas que aseguraban que el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, había sido citado por la Justicia de Estados Unidos y que, además, le habían incautado su teléfono celular.
Según explicó la entidad, el documento judicial al que hacían referencia distintas publicaciones no está dirigido ni a Tapia ni al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sino a un tercero.
"La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación", señaló el comunicado.
En ese sentido, la AFA fue categórica al afirmar que "es absolutamente falso" sostener que Tapia o Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia estadounidense o que se les hayan secuestrado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
Asimismo, la entidad remarcó que el documento judicial no dispone ninguna medida personal contra el presidente de la AFA, no ordena su comparecencia, no le impone obligaciones procesales y tampoco establece el secuestro o incautación de bienes de su propiedad.
Frente a la difusión de estas versiones, la Asociación manifestó su preocupación por el impacto que pueden generar este tipo de publicaciones y sostuvo que la circulación de información inexacta o tergiversada "genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones".
Por ese motivo, la AFA exhortó a los medios de comunicación y a los periodistas a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar información que no esté respaldada por los hechos, al tiempo que recordó que el rigor informativo constituye un deber esencial del ejercicio periodístico.
Finalmente, la institución advirtió que se reserva el derecho de iniciar todas las acciones legales que correspondan contra quienes difundan información falsa o manifiestamente engañosa que perjudique a la entidad o a sus autoridades.
