El Gobierno Nacional dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por su presunta participación en actividades hidrocarburíferas desarrolladas de manera ilegítima en la plataforma continental argentina.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina y se suma a los 45 procedimientos iniciados previamente, elevando a 60 los sujetos alcanzados por estas actuaciones.
Según informó el Ejecutivo, los expedientes están vinculados con actores involucrados en actividades hidrocarburíferas que habrían vulnerado las prohibiciones establecidas por la Ley N° 26.659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Defensa de la soberanía
A través del comunicado oficial, el Gobierno reafirmó su postura respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, sostuvo la Oficina del Presidente, al considerar que la apertura de cada nuevo expediente constituye un avance en la defensa de los recursos nacionales.
En ese marco, el Ejecutivo remarcó que los recursos naturales ubicados en esos territorios y espacios marítimos no pueden ser explotados sin autorización de la Argentina.
El Gobierno anticipó más sanciones
La ampliación de los procedimientos forma parte, según indicó el Gobierno, de un trabajo destinado a identificar a todos los actores vinculados con la explotación considerada ilegítima de los recursos hidrocarburíferos.
El Ejecutivo anticipó que continuará con las tareas de identificación y que iniciará nuevos sumarios administrativos contra quienes sean considerados responsables.
Además, el Gobierno aseguró que buscará agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas disponibles para avanzar contra quienes, según su postura, vulneren los derechos soberanos argentinos sobre los recursos de la plataforma continental.
La medida se inscribe así en la política del Gobierno de reforzar los reclamos argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, mediante acciones administrativas y legales contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona.
