El Senado de la Nación debate este jueves una versión acotada del proyecto de propiedad privada, una iniciativa que impulsa importantes modificaciones en materia de desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y regularización dominial.
La sesión comenzó a las 14:25 y estuvo marcada desde el inicio por la polémica en torno a la participación remota de legisladores. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó que la Comisión de Asuntos Constitucionales analice previamente los proyectos que habilitan el voto a distancia, lo que impidió que la peronista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama participaran de manera virtual.
Fernández Sagasti había solicitado intervenir debido a que cursa el octavo mes de embarazo, mientras que Fama argumentó que se encuentra recuperándose de una operación de rodilla. Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel había autorizado ambos pedidos, dejó la decisión final en manos del cuerpo, que finalmente rechazó esa posibilidad.
Desalojos más rápidos
El eje central del proyecto apunta a implementar un sistema de desalojos exprés para inmuebles usurpados o ocupados por tenedores precarios.
La propuesta establece que el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el propietario demuestre de manera verosímil su derecho mediante documentación respaldatoria y preste caución juratoria.
Además, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas de presentada la solicitud.
En cuanto a los alquileres, el proyecto dispone que los propietarios deberán intimar previamente a los inquilinos morosos mediante carta documento o correo electrónico, otorgándoles un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Si el incumplimiento persiste, podrá iniciarse la acción judicial y el desalojo deberá concretarse en un plazo de diez días hábiles.
La iniciativa también establece que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves del inmueble, aunque sí podrá dejar constancia escrita de las deudas pendientes para reclamarlas posteriormente.
En los casos en que existan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y al Ministerio Público Tutelar, fijando un plazo que no podrá superar los diez días para garantizar una solución habitacional transitoria.
Cambios en las expropiaciones
El proyecto también introduce modificaciones al régimen de expropiaciones, estableciendo que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y con fundamentos debidamente justificados por parte del Estado.
Asimismo, fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante y determina que los intereses se calcularán tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
La iniciativa aclara que la transferencia definitiva del bien no podrá concretarse sin el pago previo de la indemnización correspondiente, aunque el Estado podrá solicitar la posesión del inmueble. También se habilita al juez a requerir una tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando existan diferencias sobre el valor de la compensación.
Reforma de la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los puntos del proyecto propone modificar la Ley de Manejo del Fuego.
La reforma elimina el artículo que impedía durante 30 años el cambio de uso de predios rurales afectados por incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de modificar el uso del suelo tras un incendio, aunque se elimina el plazo de 60 años que establecía la legislación vigente.
Digitalización y regularización de escrituras
La propuesta también impulsa la modernización de los Registros de la Propiedad Inmueble, permitiendo la presentación de documentación en formato digital en todo el país.
Además, modifica la denominada Ley Pierri para facilitar el acceso a la escritura de la vivienda única a familias que acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los diez años previos, con el objetivo de avanzar en la regularización dominial de miles de hogares.
