La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo presentará una nueva versión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que eleva al 25% el límite de extranjerización de tierras rurales a nivel nacional, diez puntos por encima del tope establecido por la legislación vigente.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias del Senado, a menos de 48 horas de la sesión prevista para este jueves, cuando la Cámara alta retomará el tratamiento de la iniciativa luego del cuarto intermedio dispuesto el pasado 16 de julio.
Más allá de las modificaciones incorporadas para conseguir respaldo de sectores dialoguistas, Bullrich reconoció que el escenario parlamentario continúa siendo muy ajustado. Consultada sobre las posibilidades de aprobación, respondió con una frase que refleja la incertidumbre del oficialismo: "Se gana por un voto".
Entre los cambios acordados con la denominada "oposición constructiva", el proyecto establece un tope del 25% para la propiedad extranjera de tierras rurales en todo el país y adopta un sistema de doble conformidad para las operaciones en zonas de seguridad de frontera. De esta manera, cualquier venta deberá contar con la aprobación tanto del gobierno provincial como de una autoridad nacional.
La legisladora también confirmó que se eliminará el límite de 1.000 hectáreas para transferencias a extranjeros en la zona núcleo y se suprimirán las restricciones por municipio, departamento y provincia que fija la ley vigente. Según argumentó, esas limitaciones "son ridículas" y terminaron afectando el valor de las tierras y las inversiones.
Bullrich sostuvo además que la reforma mantendrá la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales en Argentina. Como ejemplo, mencionó que con la nueva normativa "no podría haber una base como la de Neuquén", en referencia a la estación espacial china ubicada en esa provincia.
Durante su exposición, la senadora insistió en diferenciar los conceptos de propiedad y soberanía, al afirmar que la compra de inmuebles por parte de particulares extranjeros no implica una pérdida de soberanía nacional. En ese sentido, cuestionó la ley sancionada en 2011, a la que calificó como un "despropósito" y responsabilizó por desalentar inversiones sin modificar significativamente el porcentaje de tierras en manos extranjeras, que continúa apenas por encima del 5%.
El proyecto también incorpora cambios en la legislación sobre expropiaciones, estableciendo que las indemnizaciones deberán abonarse antes de concretar la expropiación y contemplando un resarcimiento adicional por lucro cesante cuando corresponda.
Asimismo, prevé un mecanismo para que quienes acrediten una posesión pacífica durante diez años de un inmueble sin escritura puedan solicitar el título de propiedad, además de agilizar los procesos de desalojo de ocupantes ilegales mediante un procedimiento más rápido.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, la iniciativa elimina la prohibición de modificar el uso productivo de un campo durante 60 años tras un incendio. Bullrich aclaró que la reforma mantiene las sanciones para quienes provoquen incendios con fines inmobiliarios, pero busca evitar que productores afectados por incendios accidentales o intencionales sufran una "doble condena".
Con una votación que el propio oficialismo reconoce como muy ajustada, el Senado definirá este jueves el futuro de uno de los proyectos más relevantes impulsados por el Gobierno en materia de propiedad privada y régimen de tierras rurales.
