La visita de seis diputados nacionales de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, Adolfo Donda y Antonio Pernías, generó una fuerte controversia. Según fuentes cercanas al presidente Javier Milei, se está considerando la expulsión de estos legisladores de sus bancas, ya que se calificó como un hecho "intolerable". Este incidente resaltó nuevamente las diferencias entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, conocida defensora de los militares condenados.

Gonzalo Maurín, responsable de la organización social “Nuestra América”, denunció recientemente que personas identificadas con La Libertad Avanza de Jujuy están gestionando como política partidaria "la llegada y el reparto de mercadería para comedores en la provincia", una acción que calificó como "una grave irregularidad".

El exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, salió al cruce de las acusaciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien denunció la existencia de una actividad fraudulenta a gran escala en el pago de pensiones por invalidez. Adorni afirmó que esta maniobra le habría costado al Estado un desvío de fondos de alrededor de 3.400 millones de dólares.

En un movimiento inesperado, el Gobierno nacional, a través del ministro de Economía Luis Caputo, confirmó el envío de lingotes de oro a Inglaterra. Esta decisión, calificada desde el interior del Poder Ejecutivo como "una movida muy positiva del Central", generó preocupación entre varios economistas que advierten sobre los riesgos de un posible embargo.