La suspensión se produjo después de que dos de las personas acusadas fueran apartadas del debate tras alcanzar acuerdos procesales, entre ellos un juicio abreviado y una suspensión del juicio a prueba. Esta situación llevó a los abogados defensores a solicitar que se postergara el comienzo del proceso para garantizar el derecho de defensa de quienes continúan sometidos a juicio.
La causa investiga un presunto mecanismo de desvío de multas vinculado al funcionamiento del Juzgado Contravencional, en un expediente en el que inicialmente ocho personas fueron señaladas para llegar a juicio.
Por qué se suspendió el debate
Antes del inicio de la audiencia, el representante del Ministerio Público de la Defensa, Esteban Salinas Seguir, solicitó la aplicación de un juicio abreviado y la suspensión del juicio a prueba (probation) para dos de los imputados.
Tras esos planteos, ambas personas quedaron apartadas del debate oral luego de alcanzar los respectivos acuerdos procesales.
Posteriormente, los defensores de los restantes acusados pidieron la suspensión del juicio al considerar que esas decisiones podían modificar las condiciones en las que debía desarrollarse el proceso y afectar sus respectivas estrategias de defensa.
Entre los argumentos expuestos señalaron que era necesario contar con las resoluciones correspondientes y adecuar la acusación, excluyendo los hechos y circunstancias que involucraran a quienes ya no formarían parte del debate.
En la audiencia intervino el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Diego Funes. Por las defensas participaron los abogados Marcelo Choque, Raúl Domínguez y Hugo Ramos, además de las letradas Leonela Lara y Rosario Cejas.
Qué resolvió el Tribunal y cuándo continuará el juicio
Luego de escuchar a las partes, las magistradas dispusieron un cuarto intermedio para analizar los planteos y resolvieron por unanimidad hacer lugar al pedido de suspensión.
Según los fundamentos de la resolución, los acuerdos alcanzados de manera imprevista al comienzo de la audiencia podían afectar el ejercicio del derecho de defensa de las personas que permanecen sometidas al proceso.
Por ese motivo, el Tribunal consideró necesario garantizar las condiciones procesales antes de avanzar con el debate oral.
La suspensión se mantendrá hasta que queden firmes las resoluciones correspondientes a los acuerdos alcanzados con los dos imputados. Una vez cumplido ese requisito, las partes deberán solicitar a la Oficina de Gestión Judicial que establezca una nueva fecha para el juicio.
De esta manera, una causa judicial que debía comenzar a debatirse en audiencia oral quedó nuevamente a la espera de definiciones procesales. La investigación por el presunto desvío de multas continuará su camino, aunque todavía no tiene una nueva fecha de inicio del debate.
