La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente entre 2021 y mediados de 2024, durante el gobierno de Alberto Fernández. En su resolución, ordenó reemplazar ese mecanismo por el previsto en la Ley 27.426, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri.
El fallo se dictó en el marco de una demanda presentada contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por la jubilada Carmen Galletta. Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo y dispusieron recalcular sus haberes desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive.
A partir de ese período, el reajuste deberá empalmar con el régimen de actualización mensual por inflación establecido mediante el Decreto 274/2024.
La pérdida del poder adquisitivo, uno de los fundamentos del fallo
Entre los argumentos centrales, el tribunal cuestionó que la fórmula de movilidad de la Ley 27.609, basada en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, no contemplara mecanismos de protección frente a períodos de aceleración inflacionaria.
Al comparar la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024, la Cámara determinó que los aumentos acumulados por movilidad alcanzaron el 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1.129,07%.
De acuerdo con esos cálculos, la diferencia representó una pérdida real del poder adquisitivo del 46,83%.
Los magistrados también señalaron que los aumentos posteriores vinculados a la inflación no alcanzaron para compensar el deterioro anterior, debido a que se aplicaron sobre una base de haberes que ya había perdido poder de compra.
Cómo se calculará el reajuste
Para realizar la recomposición, la Cámara dispuso utilizar la fórmula de la Ley 27.426, que establecía actualizaciones trimestrales combinando un 70% de la variación del IPC y un 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE.
Además, ordenó descontar los importes que la jubilada ya hubiera percibido por movilidad, adelantos y bonos extraordinarios, con el objetivo de evitar pagos duplicados.
La resolución también declaró inconstitucional el tope previsto en el artículo 9 de la Ley 24.463 cuando su aplicación genere una quita igual o superior al 15%. Para los montos adeudados se dispuso aplicar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central.
Sin embargo, el tribunal hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES, lo que limita el período por el cual pueden reclamarse las diferencias retroactivas.
¿El fallo alcanza a todos los jubilados?
Uno de los puntos centrales de la resolución es su alcance: la sentencia beneficia únicamente a la demandante y no establece un aumento automático para todos los jubilados y pensionados.
No obstante, el pronunciamiento constituye un antecedente judicial relevante para otros litigios previsionales que cuestionan la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y 2024.
De esta manera, la decisión podría tener incidencia en futuras demandas por diferencias de haberes y recálculos jubilatorios, aunque cada reclamo deberá analizarse de acuerdo con sus propias circunstancias y resoluciones judiciales.
