El Senado de la Nación realizará este jueves una sesión en la que el tema central será el tratamiento del proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que busca obtener sanción definitiva y garantizar la continuidad de los beneficios establecidos por la actual ley de emergencia, cuya vigencia finaliza en diciembre.
La convocatoria está prevista para las 11 y contempla, además, otros temas como la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el proyecto de Propiedad Privada para restablecer la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín, entre otras iniciativas.
La agenda fue definida este miércoles durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
¿Qué establece el proyecto de discapacidad?
La iniciativa propone convertir en permanentes los principales beneficios contemplados en la Ley 27.793, eliminando su carácter de emergencia y transitoriedad.
Entre sus puntos centrales, establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y el desarrollo de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este beneficio alcanza a las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También mantiene el nomenclador único de prestaciones, establece actualizaciones periódicas de los aranceles vinculadas a la movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.
En cuanto al financiamiento, dispone que el presupuesto destinado al área de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, respetando el principio del debido proceso inclusivo.
Finalmente, se agregó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la normativa.
De esta manera, el Senado buscará dar un paso clave para garantizar la continuidad de las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad, más allá del vencimiento de la actual ley de emergencia.




