El tribunal también exigió la recomposición salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la actualización de las becas estudiantiles.
En su resolución, señaló que la suspensión de la ley por decreto resultaba “ilegítima”.
La medida se produce luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las instituciones públicas del país. El reclamo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades, que denunciaron el desfinanciamiento del sector y la falta de cumplimiento de lo aprobado en el Congreso.