El proyecto llegó al recinto luego de aceptar más de 20 modificaciones, producto de negociaciones con gobernadores y gremios. Estos últimos consiguieron mantener los aportes patronales a las obras sociales y el aporte solidario, mientras que las provincias preservaron la recaudación por Ganancias.
Patricia Bullrich definió la iniciativa como “la reforma más importante en los últimos 50 años” y aseguró que el Gobierno escuchó a todos los sectores para equilibrar el texto. Laura Alonso, referente del PRO, sostuvo que “si una porción gigante de personas trabaja en la informalidad, algo no funcionó” y calificó la reforma como “el cambio posible”.
Desde la oposición, José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, cuestionó con dureza el proyecto y dijo que “Es una ley que dice que es laboral, pero es contra los trabajadores”. Señaló que vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales, y advirtió que afectará salarios, horas extra e indemnizaciones.
El presidente Javier Milei ordenó a su mesa política instalarse en el Senado para monitorear la sesión y garantizar la aprobación. En paralelo, sindicatos y organizaciones sociales convocaron movilizaciones frente al Congreso para rechazar la iniciativa.
Con información de: Infobae